La “tragedia de los comunes” es un concepto esencial en ecología humana y el estudio del medio ambiente. El escenario prototipo es sencillo. Existe un recurso —al que comúnmente se llama recurso de bien común— al cual un gran número de personas tiene acceso. El recurso puede ser un ecosistema oceánico del cual se obtiene la pesca, la atmósfera terrestre en la cual se liberan los gases invernadero o un bosque del cual se obtiene madera. La sobreexplotación de los recursos crea problemas, destruyendo a menudo su sustentabilidad. La población de peces puede caer, el cambio climático puede ocurrir o el bosque puede dejar de reproducir suficientes árboles para reemplazar aquellos cortados. Cada consumidor se enfrenta a una decisión acerca de qué cantidad de la reserva usar —cuántos peces pescar, cuántos gases de invernadero emitir o cuántos árboles cortar. Si todos los consumidores se limitan, entonces el recurso puede ser sostenido. Pero existe un dilema. Si usted limita el uso del recurso y sus vecinos no lo hacen, entonces el recurso también cae y usted habrá perdido los beneficios a corto plazo de haber tomado su parte (Hardin, 1968).
La lógica de la tragedia de los comunes parece inexorable. Sin embargo, mientras discutimos, esa lógica depende de una serie de suposiciones sobre las motivaciones humanas, sobre las reglas que gobiernan el uso de los comunes y sobre las características del recurso común. Una de las contribuciones importantes de los pasados 30 años de investigación ha sido la de esclarecer los conceptos involucrados en la tragedia de los comunes. Las cosas no son tan sencillas como parecen en el modelo prototípico. La motivación humana es compleja, las reglas que gobiernan los verdaderos comunes no siempre permiten el libre acceso a todos y los sistemas de recursos responden a dinámicas que tienen influencia sobre su respuesta al uso humano. El resultado es, a menudo, no la tragedia descrita por Hardin, sino lo que McCay (1995, 1996; ver también Rose, 1994) ha descrito como una “comedia” —un drama seguramente, pero con un final feliz.
Tres décadas de investigación empírica han revelado múltiples historias sobre la gestión de los comunes. Algunas veces estas historias se refieren a la tragedia de Hardin. En ocasiones el resultado se parece más a la comedia de McCay. A menudo éste se encuentra en algún sitio intermedio, lleno de ambigüedades. Pero el drama está siempre ahí. Es por eso que hemos elegido llamar a este libro El Drama de los Comunes —porque los comunes vinculan historia, comedia y tragedia.
La investigación de los comunes se podría garantizar completamente debido a su importancia práctica. Casi todos los problemas medioambientales tienen en sí aspectos de los comunes. También existen importantes razones teóricas para el estudio de los comunes. En la médula de toda teoría social se encuentra el contraste entre los humanos movidos casi exclusivamente por un interés egoísta y humanos motivados por la preocupación por otros o por la sociedad como un todo. El modelo de actor racional que domina la teoría económica, pero que también tiene influencia en sociología, ciencias políticas, antropología y psicología, postula el interés egoísta. Como lo expresó Adam Smith, “No estamos preparados para sospechar de cualquier persona de su falta de egoísmo” (Smith, 1977[1804]:446). Esta presunción es lo que apuntala el análisis de Hardin.
Visiones opuestas, sin embargo, siempre han supuesto que los humanos toman en cuenta los intereses del grupo. Por ejemplo, la teoría funcionalista en sociología y antropología, en especial los argumentos humanos ecológicos de Rappaport y Vayda (Rappaport, 1984), argumentan que la “tragedia de los comunes” podría ser disipada mediante mecanismos que motiven al individuo a actuar a favor de los intereses del bien común, en lugar de hacerlo con un interés egoísta. Tampoco ha estado restringido este debate a las ciencias sociales. En la teoría evolucionista, los argumentos a favor de adaptaciones que dan ventaja a la población o a las especies a costa de los individuos, han estado bajo crítica por lo menos desde los años 60 (Williams, 1966). Pero existen argumentos sólidos sobre la presencia de altruismo.
Si tomamos el interés egoísta y las interacciones por única vez, entonces la tragedia de los comunes es una del conjunto de paradojas que siguen. Otra es el clásico dilema del prisionero. En la formulación ortodoxa, dos conspiradores cómplices son capturados por la policía. Si ninguno de los dos informa sobre el otro, ambos enfrentan condenas ligeras. Si ambos informan, los dos enfrentan largos periodos de encarcelamiento. Si uno informa y el otro no, el informante recibe una condena muy ligera o es liberado mientras que el que no informó recibe una condena grave. Enfrentados a este conjunto de desenlaces, el interés egoísta de cada uno causará que ambos informen, produciendo un resultado menos deseable para cada uno que si ambos hubieran permanecido callados.
Olson (1965) nos hizo advertir que la organización de grupos para obtener finalidades colectivas, tales como resultados políticos o de políticas era vulnerable a una paradoja, a menudo llamada el “problema del abusivo”, que había sido identificada con anterioridad en relación a otros “bienes públicos” (Samuelson, 1954). Un bien público es algo a lo cual todo mundo tiene acceso pero, a diferencia de un bien común, la utilización del recurso por una sola persona no disminuye necesariamente el potencial de uso por otros. Las estaciones de radio públicas, el conocimiento científico y la paz mundial son bienes públicos en los cuales todos gozamos de los beneficios sin reducir la cantidad o calidad del bien. El problema es que en un grupo grande, un individuo gozará de los beneficios del bien público sin que él o ella contribuya a producirlo. Usted puede escuchar la radio pública haya o no comprometido o hecho alguna contribución. Y en una población grande el que haya contribuido o no, no tiene un impacto real en la cantidad del bien público; por lo tanto, siguiendo los dictados del interés egoísta, evitará los costos de contribuir. Tal persona puede continuar disfrutando de los beneficios de las contribuciones hechas por otros. Pero si todos siguen esta lógica, el bien público no será proveído, o lo será en menor cantidad o calidad de la que se considere ideal.
Aquí vemos la importancia de la tragedia de los comunes. Todos los análisis apenas esbozados presumen que el interés egoísta es la única motivación y que los mecanismos sociales para controlarlo, tales como la comunicación, la confianza y la habilidad para establecer compromisos obligatorios, son deficitarios o ineficaces. Estas condiciones ciertamente describen algunas interacciones. Las personas, sin embargo, se apartan del interés egoísta individual. Comunicación, confianza, la previsión de interacciones futuras y la habilidad para trazar acuerdos y reglas, algunas veces regulan el comportamiento de manera suficiente para prevenir la tragedia. Así que el drama de los comunes no siempre termina en tragedia.
Esto debería ser de interés para las personas preocupadas por el comportamiento de los comunes tales como los ecosistemas, el agua y la atmósfera. Además, la situación de los comunes proporciona un banco de pruebas de importancia crítica para direccionar muchas de las interrogantes centrales de las ciencias sociales. ¿Cómo se relaciona nuestra identidad con los recursos en nuestro entorno? ¿Cómo logramos vivir juntos? ¿Cómo controlan las sociedades los impulsos egoístas y antisociales de los individuos? ¿Qué acuerdos sociales persisten y cuáles no? Observando el amplio repaso de la historia humana y las miles de formas sociales extendidas a lo largo de éste, estas preguntas pueden resultar inmanejables para ser estudiadas de una manera sistemática. Sin embargo, los comunes proporcionan un manejable e importante contexto hacia el cual dirigir estas preguntas. Tal como la biología evolucionista y desarrollista progresaron gracias al estudio de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, un organismo bien adaptado a las herramientas disponibles, nosotros sugerimos que los estudios de los comunes y los problemas relacionados son un banco de pruebas ideal para resolver muchas preguntas clave en las ciencias sociales.
La investigación de los comunes se nutre de la mayoría de las tradiciones metodológicas de las ciencias sociales. Existen modelos matemáticos elegantes, experimentos de laboratorio cuidadosamente diseñados y meticulosos estudios de casos históricos y comparativos. Se han concentrado también las herramientas estadísticas aplicables a grandes o moderados conjuntos de datos. La investigación de los comunes atrae a científicos de una gran diversidad de disciplinas y de todas las regiones del mundo. Es probable que los adelantos en las ciencias sociales vengan justo con una mezcla de métodos y perspectivas enfocadas hacia un problema que toca la médula de eventos teóricos de gran importancia práctica.
Esta introducción ofrece una breve historia de la investigación acerca de los comunes, empezando con la influencia de Hardin pero también reconociendo a sus antecesores. Describe el trabajo sintético que aconteció a mediados de los años 80. Reflexionando sobre ese trabajo, clarifica los conceptos clave involucrados en la comprensión de los comunes. Una de las mayores contribuciones de la erudición sobre los comunes ha sido aclarar cuáles son los conceptos que deben ser convocados y qué distinciones hacer para entender los comunes. Esto incluye la distinción crucial entre el recurso como tal, los arreglos que utilizan los humanos para gobernar el acceso a los recursos y las propiedades clave del recurso, así como los planes que accionan el drama.


Un punto de partida

El importante artículo de Hardin de 1968 en Science sobre “La tragedia de los comunes” es uno de los textos científicos escritos durante la segunda mitad del siglo xx que ha sido citado con más frecuencia. El artículo estimuló un inmenso interés científico a través, de las ciencias naturales y de las sociales, un amplio debate, así como un nuevo campo de estudios interdisciplinarios. El interés científico en los comunes creció a lo largo de los años 70 y principios de los 80 mayormente como reacción al artículo de Hardin y a las aterradoras noticias acerca del marcado descenso en la población de muchas especies, especialmente el de los océanos. Se avivó el interés por el debate acerca de los límites al crecimiento y el incremento en la conciencia sobre la deforestación en las regiones tropicales del mundo.
Con anterioridad a la publicación del artículo de Hardin, términos tales como “comunes”, “recursos comunes” o “propiedad común” aparecían solamente diecisiete veces en la literatura académica publicada en inglés y catalogada en el “Common–Pool Resourse Bibliography” documentado por Hess en la Universidad de Indiana. Entre ese tiempo y 1984, antes de la conferencia de Annapolis, Maryland, organizada por el National Research Council (nrc), Panel sobre la gestión de la propiedad común de los recursos, el número de tales términos había crecido a 115. La Conferencia de Annapolis en 1985 reunió a un gran número de científicos de diferentes campos y de distintas naciones para examinar los recursos comunes y su gestión. La conferencia brindó una oportunidad a los académicos para sintetizar en disciplinas heterogéneas lo ya conocido hasta 1985 —que nosotros resumimos brevemente en este capítulo. Esta conferencia y varias otras llevadas a cabo más o menos al mismo tiempo estimularon un interés todavía más grande en los comunes. De 1985 a 1990, el número de trabajos académicos sobre los comunes creció más del doble a 275. En los siguientes 5 años (1991–1995) los artículos casi se duplicaron nuevamente a 444. Entre 1996 y el 2000, aparecieron 573 nuevos artículos sobre los comunes. En 1990 se estableció oficialmente la International Association for the Study of Common Property (iascp). Al primer encuentro en la Universidad de Duke asistieron 150 académicos de múltiples disciplinas. Un importante aumento en el interés en este campo ha traído un número aún mayor de estudiosos a las reuniones del iascp. Para el año 2000, más de 600 académicos asistieron a estas reuniones.
Una característica clave en el campo, además de su rápido crecimiento, es la extraordinaria extensión de participaciones interdisciplinarias e internacionales. Por ejemplo, estudiosos de una docena de disciplinas y de cincuenta y dos países asistieron al encuentro del año 2000 de la iascp. No obstante que la amplia participación desafía a todos los involucrados a encontrar conceptos compartidos y un lenguaje técnico común, los resultados bien valieron el esfuerzo.

Primeros trabajos sobre los comunes

Aún cuando el artículo de Hardin fue el núcleo de trabajos recientes sobre recursos comunes, mucho antes de Hardin algunos académicos habían expresado pesimismo acerca de la gestión sustentable de estos recursos. Aristóteles advirtió “lo que es común a la mayoría recibe el menor cuidado. Todos piensan principalmente en lo suyo, escasamente en el interés común” (Política, Libro II, cap.3). El naturalista francés Marcet (1819) escribió en Conversations on Political Economy (1819, citado en Baumol y Oates, 1988) que el acceso abierto a los recursos naturales resulta en sobreexplotación de esos recursos y en la recolección del recurso antes de su tiempo de cosecha. Lloyd (1977 [1833]), cuyo trabajo influenció fuertemente a Hardin, de forma similar sostuvo que un recurso común será sobre utilizado debido al valor más alto de los beneficios actuales de uso comparados con posibles costos futuros de uso irrestricto, especialmente cuando cada consumidor individual soporta solamente una fracción de esos costos pero gana la totalidad de los beneficios actuales. Por otra parte, Lloyd sostuvo que las decisiones de un individuo en relación a retirar otra unidad de un recurso de propiedad común (en el análisis de Lloyd, la posibilidad de tener otro hijo), depende de las instituciones que definen los beneficios y los costos de tal acción.
Voces menos pesimistas también se elevaron. En su estudio clásico de los poblados indígenas, el township en Inglaterra y Escocia, y las complejas estructuras de los poblados tempranos en Alemania (los Marks) y en Rusia (los mir), Maine (1871) sostuvo que las villas comunitarias surgen en todas partes y que facilitan su subsistencia repartiendo tierra de agricultura como propiedad privada y los bosques y zonas de pastos alrededor de la tierra arable como propiedad común. Al describir las versiones alemanas, Maine (1871:10) afirmó: “El Township (yo expreso la cuestión a mi manera) era un grupo organizado, indeliberado, de familias teutonas ejerciendo una propiedad común sobre una determinada extensión de tierra, su Mark, cultivando su finca con un sistema común, y manteniéndose con el producto.” En un análisis profundo del trabajo de Maine, Grossi (1981) sostiene que Maine había identificado la forma como las villas comunitarias que en muchas partes habían desarrollado un agudo sentido de la propiedad privada sobre lotes agrícolas combinados con un sistema de propiedad común para tierras boscosas y zonas de pastos. Malinowski (1926) advirtió a los lectores que no creyeran que cualquier clase de régimen de propiedad —incluyendo la propiedad común con propietarios en común— era un sistema “simple” que podía ser caracterizado por tener solamente un único conjunto de consecuencias. Él señaló que la propiedad, por lo tanto, no puede ser definida por palabras tales como “comunismo” o “individualismo”, ni por referencia al sistema de “sociedad anónima” o de “empresa personal”, sino más bien por los hechos concretos y las condiciones de uso. Es la suma de obligaciones, privilegios y reciprocidades las que vinculan a los co–propietarios al objeto y uno al otro (1926–21).


Análisis formales tempranos de los comunes realizados por economistas especializados

El influyente trabajo de Gordon (1954) atrajo atención hacia los factores económicos en la gestión de un tipo de recurso común —la industria pesquera. Gordon y Shaefer hicieron un modelo del efecto del esfuerzo pesquero (la cantidad de pescados recogidos en una captura) sobre rendimientos ecológicamente sustentables, así como el cálculo de los resultados económicos al variar los niveles de esfuerzo. Tal modelo llamado Gordon–Schaefer ha dominado el estudio y la ejecución de la gestión de la industria pesquera desde los años 50. Ambos estudiosos supusieron que a bajos niveles de esfuerzo pesquero en una toma de pesca de reciente apertura, el rendimiento aumenta rápidamente como una función del esfuerzo, pero con ganancias decrecientes ya que se requiere de mayor esfuerzo para capturar unidades adicionales de pescado. Sin embargo, más allá del “máximo rendimiento sustentable”, mayores aumentos en la captura resultarían en un decremento en la captura total y en la renta, ya que se supuso que el reabastecimiento de las reservas de peces dependía del tamaño de las reservas actuales, las cuales caen debajo del nivel necesario para una reposición total cuando la pesca extrae más que este rendimiento. Al incluir el rendimiento obtenido de la captura (rendimiento multiplicado por el precio del pescado) y los costos del esfuerzo pesquero, definieron el “máximo rendimiento económico”, esto es, el esfuerzo pesquero en el cual la diferencia entre el rendimiento de la pesca y los costos es la máxima, y el nivel del esfuerzo pesquero bajo acceso abierto.
La relación subyacente entre el esfuerzo pesquero y los costos es lineal, mientras que la relación con el rendimiento es no lineal. Esto se debe a la supuesta relación biológica básica involucrada en determinar el máximo rendimiento sustentable. El rendimiento aumenta con el esfuerzo hasta que se alcanza el máximo rendimiento sustentable; más allá de eso, la reserva pesquera se puede reponer solamente a una baja proporción —la población simplemente baja. Depende del comportamiento de los pescadores el que la población del recurso sea sustentable.
Si no existen reglas para el acceso o la cantidad de la captura (situación de acceso abierto), el equilibrio es una tasa de captura mayor que el máximo rendimiento sustentable (en términos biológicos) o el máximo rendimiento económico (la captura que rinde la máxima diferencia entre los precios obtenidos y los costos del esfuerzo de pesca). Esto se debe a que cada pescador toma en consideración solamente los costos de su propio esfuerzo y no los costos incrementados que el esfuerzo individual impone a los otros. El máximo rendimiento económico (alcanzable si las reglas que norman el acceso y las prácticas de captura limitan el esfuerzo a una estrategia económicamente óptima) resulta ser menor que el rendimiento biológicamente sustentable. Basados en este análisis, economistas especializados en la pesca argumentaron con energía que las tomas de pesca y otros recursos comunes serían mejor gestionados por un único dueño —preferiblemente un particular. Sin embargo, la propiedad del gobierno era consistente con su argumento. El dueño único podría entonces determinar el máximo rendimiento económico y gestionar el recurso de tal manera que obtuviera rendimientos (véase, v.g., Crutchfield, 1964; Demsetz, 1967; Johnson, 1972).
El trabajo de Gordon y Schaefer enfatizaba el uso de la ciencia biológica y la microeconomía en el diseño de normas. Sin embargo, la ciencia de la dinámica de la población del recurso pesquero no fue tan bien establecida como el modelo Gordon–Scheafer supuso. En particular, no todos los científicos aceptaron la suposición subyacente del concepto de “máximo rendimiento sustentable”, de que las existencias de peces adultos y la tasa de regeneración en un período de tiempo dependían solamente del esfuerzo de captura del período anterior. Gordon mismo se dio cuenta de esto. “Las grandes camadas, sin embargo, no parecen depender en un gran número de fecundadores adultos, y esto da sustento a la creencia de que la población de peces no se afecta en absoluto por la actividad del hombre” (Gordon, 1954; 126). Wilson discute el por qué opiniones alternativas fueron ignoradas durante tantos años y sostiene que la calidad del conocimiento, la incertidumbre científica y el conocimiento de los no científicos son variables importantes en la gestión del recurso común.
Muchas de las innovaciones en las normas de los años 60 y los años 70 estuvieron basadas en los trabajos tempranos de los economistas especializados y eran consistentes con la tesis de Hardin de que “la libertad en los comunes trae la ruina de todos” (Hardin, 1968:1244). Esta literatura recalca la importancia de la propiedad unitaria —incluyendo la privatización así como la propiedad gubernamental. Sin embargo, la mayor innovación de las normas de esta era fue la legislación en muchos países —en particular los países en desarrollo— que transfirieron los bosques, zonas de pastos, pesquerías en tierra y otros recursos naturales de sus previos regímenes de derechos de propiedad a propiedad del gobierno (ver Arnold & Campbell, 1986).
Amplias investigaciones y la experiencia desde 1968 muestran que estas transferencias de los derechos de propiedad en ocasiones resultaron desastrosas para el recurso que pretendían proteger. En lugar de crear un propietario único con interés a largo plazo en el recurso, nacionalizar los recursos comunes normalmente condujo a: (1) un rechazo hacia cualesquiera instituciones indígenas existentes —haciendo ilegales las acciones de los administradores locales para mantener un recurso—; (2) un deficiente monitoreo de las fronteras del recurso y de las prácticas de captura debido a que muchos gobiernos no contaban con los medios para monitorear los recursos sobre los cuales aseguraban la propiedad; y (3) condiciones de facto de acceso abierto y una carrera por el uso de los recursos. Por esto la presunción de que la propiedad gubernamental era una de las dos “soluciones” universalmente aplicables a la “tragedia”, fue puesta seriamente en duda por estas experiencias históricas.

El modelo de Hardin y sus limitaciones

Hardin sostuvo que “un hombre está encerrado en un sistema que lo compele a aumentar su rebaño sin límite —en un mundo que es limitado” (Hardin, 1968:1244). Más adelante supuso que el tener una conciencia era auto–eliminatorio. Aquellos que limitan su uso de un bien común pierden económicamente en comparación con aquellos que continúan el libre uso. Por esto, los procesos evolutivos seleccionarán a aquellos que hacen libre uso y no a quienes limitan su propia captura. La solución de Hardin fue coacción “por mutuo acuerdo”. Dos deducciones se han derivado por lo general de esta formulación. Una es que solamente lo que los psicólogos llaman controles aversivos (coactivos) pueden ser efectivos, sugiriendo que las reglas eficaces no pueden basarse en la creación de reglas internas u obligaciones para los consumidores del recurso. La otra es que acuerdos y reglas deben ser alcanzados solamente a través del Estado (normalmente el gobierno nacional), sugiriendo que los gobiernos locales e instituciones formales y no gubernamentales no pueden desarrollar formas efectivas para prevenir o remediar situaciones que conducen a la tragedia (Gibson, 2001).
Los retos a los apuntalamientos conceptuales, a la validez empírica de la exactitud teórica y a la generalización del modelo de Hardin, y el trabajo relativo en economía de los recursos se articularon durante los años 70 y los primeros años 80. Un reto clave para el modelo de Hardin provino de los investigadores familiarizados con diversas instituciones de propiedad común en ese campo. Ellos sostenían que Hardin había confundido gravemente el concepto de propiedad común con las condiciones de acceso abierto en donde no existían reglas que limitaran la entrada y el uso. Como lo expresaron Ciriacy–Wantrup y Bishop (1975:715), “la propiedad común no es la propiedad de todos”. Ellos y otros investigadores (ver v.g., Thompson, 1975) recalcaron que donde existía la propiedad común, los consumidores habían desarrollado redes de derechos de uso que identificaban a quien tenía un interés duradero en el recurso y por lo tanto un incentivo para tratar de evitar el uso excesivo. Pocos afirmaron que todos los regímenes de propiedad común eran óptimamente eficientes o justos. En cambio, las particularidades de un régimen en especial tendrían que ser examinadas antes de suponer que una autoridad externa pudiera entrar, violar las costumbres locales e imponer un nuevo conjunto de reglas que sería improbable que fueran vistas localmente como legales.
Otro tipo de reto provino de la teoría de juegos. Tentativas tempranas para formalizar la situación de los comunes usando la teoría de juegos plantearon típicamente el problema como un dilema del prisionero (dp), de la forma descrita con anterioridad, pero extendieron el análisis del clásico caso de dos jugadores al del caso de n personas. Cuando un juego dp se juega solamente en una oportunidad o se repite con un final en tiempo determinado, un jugador racional tiene una —y solamente una— estrategia que genera los más altos beneficios inmediatos, asumiendo que todos los jugadores están usando la misma forma de racionalidad. Esa estrategia es la de informar sobre los otros jugadores (llamado defección en la literatura). Hasta muy recientemente, la idea dominante ha sido que este modelo one–shot (una sola oportunidad) simula adecuadamente la naturaleza de situaciones que se enfrentan en la mayoría de los escenarios de los comunes. La investigación resumida muestra que las predicciones de Hardin sostenidas bajo condiciones de one–shot son correctas, aunque no necesariamente en un mundo donde el juego es realizado repetidamente, donde no existe un punto final determinado o donde la comunicación es posible.
Algunos investigadores han aducido que juegos distintos al dp, tales como el “juego de certidumbre” o el “juego de la gallina” son modelos más apropiados para al menos algunas de las situaciones que enfrentan los consumidores (Taylor, 1987). A diferencia del juego dp, que tiene un equilibrio único (y por lo tanto, cada actor tiene una estrategia dominante produciendo un mejor resultado individual sin importar lo que el otro actor haga), estos juegos tienen equilibrios múltiples (y por lo tanto, ningún actor tiene una estrategia dominante), así que ambos se benefician de la coordinación.
En una serie de artículos, Runge (1984) insistió en que la mayoría de los consumidores de un recurso común —al menos en los países en desarrollo— viven en los mismos poblados en donde han vivido sus familias por generaciones y tienen la intención de vivir en los mismos poblados por generaciones por venir. Dado el nivel de pobreza que enfrentan muchos pobladores, su dependencia de los recursos naturales y la aleatoriedad que enfrentan en la disponibilidad de los mismos, Runge sostuvo que no es plausible asumir que los individuos tienen una estrategia dominante de abusivo. Él sugirió que los consumidores del recurso natural en los países en desarrollo se enfrentan a un juego de coordinación repetida en lugar de a un juego de una sola oportunidad dp. En tales situaciones, todos los consumidores preferirían encontrar formas de limitar su propio uso siempre y cuando otros se comprometieran a sí mismos a limitarse. Las instituciones de los poblados proveerían mecanismos para facilitar a los consumidores el llegar a acuerdos (dentro del contexto del poblado) que puedan asegurarle a cada consumidor que los otros se están sometiendo al conjunto de reglas acordadas. Por esto Runge y otros estudiosos, conceptualizaron el juego como un problema de coordinación más que como un dilema.
Los antropólogos y los expertos en ecología humana también objetaron la idea de una inexorable tragedia de los comunes. Dyson–Hudson y Smith (1978) argumentaron que los recursos tenían características que eran valoradas por aquellos que vivían en la cercanía. Algunos de estos atributos también afectaban en el caso de que los individuos pudieran defender la propiedad privada, o si ellos necesitaban desarrollar reglas de acceso y uso para regular la manera en que los recursos serían de propiedad de una comunidad local entera. De manera similar, Netting (1976), basado en su extenso estudio de la propiedad privada y común en los Alpes Suizos, desarrolló un claro conjunto de características de los recursos que, él sostuvo, serían asociadas con diversas formas de propiedad. Predijo que cuando (1) el valor unitario de la producción es bajo, (2) la frecuencia y seguridad del rendimiento era bajo, (3) la posibilidad de mejora era baja, (4) el área requerida para el uso efectivo era grande y (5) el tamaño del grupo necesarios para realizar inversiones de capital era grande, la propiedad comunal sería desarrollada por los consumidores. De forma similar, cuando las condiciones opuestas estaban presentes, Netting predijo que los consumidores desarrollarían alguna forma de propiedad privada. Netting suministró evidencia sustancial para avalar sus afirmaciones mostrando también que los regímenes de propiedad común desarrollados bajo las condiciones anteriormente citadas, habían sido sustentados por siglos sin haber sobreexplotado los recursos.
Otros antropólogos sostuvieron que ninguna dimensión única era responsable de hacer que algunos recursos fueran comunales y otros fueran privados y que no había tendencia unidireccional para que los recursos cambien con el tiempo de propiedad común a propiedad privada. Leach (1954) documentó largos ciclos de cambios en la estructura social y derechos de propiedad en el Alto Burma, y Bauer (1977) documentó ciclos cortos de tales cambios en Etiopía. McCay describió una gran variedad de organizaciones locales desarrolladas por pescadores costeros para conservar el acceso relativamente abierto a aquellos que vivían y trabajaban en una comunidad. McCay describe los esfuerzos hechos por estos pescadores para tratar de organizarse usando formas de propiedad común aún cuando son confrontados con formas de organización capitalista “modernas”.
Por esto, a mediados de los años 80, se plantearon más y más preguntas acerca del modelo de Hardin, la presunción de que todas las situaciones de los comunes eran como un dilema del prisionero y las políticas basadas en estos análisis. Los estudiosos familiarizados con la literatura cualitativa sobre estudios de casos en África, América Latina, Asia y los Estados Unidos empezaban a señalar que las reformas de políticas que transformaron recursos de gobernanza como propiedad común de las comunidades locales en gobernanza del Estado estaban en realidad empeorando las cosas, tanto para el recurso como para los consumidores. Los gobiernos que llevaron a cabo estas acciones carecían con frecuencia de suficiente personal entrenado en el terreno para monitorear los recursos. Por este motivo, lo que había sido de facto propiedad común con algunas limitaciones en el acceso y en los patrones de uso, se volvieron de jure propiedad del gobierno —debido a la falta de ejecución de las normas, con frecuencia se volvió de facto acceso abierto. Funcionarios públicos corruptos también enfrentaron oportunidades para recibir pagos marginales de los consumidores locales deseosos de explotar recursos que pertenecían al gobierno de manera oficial.
Estas preguntas y dudas no fueron discutidas ampliamente por las comunidades científicas, debido en parte a que cada una propendía a usar su lenguaje y su teoría propias. Como resultado se tendieron pocos puentes entre las disciplinas y las comunidades académicas antes de los años 80. Los académicos en una región del mundo desconocían la investigación que estaba siendo emprendida por los académicos en otras partes del mundo. Incluso académicos enfocados en un continente específico, como África, quienes estaban estudiando recursos forestales, ignoraban los descubrimientos de investigadores que estudiaban las zonas de pasto o la pesca en el mismo continente.

El panel sobre gestión de los recursos de propiedad común

Una primera síntesis

En septiembre de 1983, el National Research Council designó un Panel para la Gestión de los Recursos de Propiedad Común. El Panel reconoció que una de sus tareas principales era crear un marco dentro del cual individuos de diversas disciplinas pudieran empezar a comunicarse sobre los distintos sistemas de propiedad que funcionan en diferentes sectores de los recursos. El marco fue desarrollado por Oakerson, sobre la base de muchos años de estudios en diversas instituciones. El marco fue usado en una serie de pequeñas reuniones con académicos de diversas disciplinas, los cuales conocían bien los patrones de la interacción de los consumidores sobre algunos recursos comunes. El reto era encontrar la forma en que estos académicos pudieran establecer comunicación entre ellos y desarrollar un patrimonio común de hallazgos.
El Panel organizó un encuentro en Annapolis, Maryland, en 1985, que proporcionó un foro para el intercambio de ideas, síntesis y crecimiento. La reunión de Annapolis fue un evento inusual para su época dada la diversidad de disciplinas, naciones e intereses en los recursos representados por los participantes. El marco de Oakerson fue revisado varias veces antes y después de la reunión, y se volvió el tema central de la publicación final sobre el panel (Oakerson, 1986; National Research Council, 1986; ver también Bromley et al., 1992).
Durante la última sesión en Annapolis, los participantes proporcionaron una convincente visión general de las lecciones aprendidas (Bromley, 1986; Ostrom, 1986; Peters, 1986). Éstas incluían:

1. La necesidad de definir el comportamiento de un acuerdo institucional, tanto en términos ambientales como en su dimensión humana.
2. La importancia de la situación inicial ya que afecta la emergencia, el comportamiento y la sobrevivencia, así como los acuerdos institucionales sobre costos y beneficios relacionados. Identificar las correlaciones sería lo mejor que los científicos sociales pudieran alcanzar dado la información disponible en el momento.
3. La importancia de la diferenciación entre las características del recurso (recurso común) y el régimen que maneja el recurso (régimen de propiedad común, o alguna otra modalidad de régimen de propiedad). El progreso analítico sería lento si no se tomaba en serio esta diferencia.
4. La necesidad de comparar y sintetizar los análisis de los recursos comunes y de los regímenes de propiedad común bajo varias disciplinas, usando un marco que permita a los académicos con distintos antecedentes comunicarse y comparar descubrimientos.
5. La necesidad, en particular para las instituciones financieras internacionales, de comprender cómo afectan los diversos cambios en los derechos de propiedad la distribución del ingreso, la riqueza y otros recursos que son aspectos importantes en la creación y supervivencia de los arreglos institucionales.
6. La necesidad de entender cómo la heterogeneidad espacial y temporal en la dotación del recurso crea oportunidades para que algunos se beneficien a costa de otros, exacerbando a menudo problemas de equidad.
7. La necesidad de comparar costos y beneficios de diversos convenios institucionales para un recurso específico. Bajo algunas circunstancias, los regímenes de propiedad común se desempeñan mejor que la propiedad privada. Esto ocurre cuando (a) los costos de crear y poner en marcha los derechos sobre la propiedad privada son altos, (b) el valor económico del rendimiento producido a partir del recurso es bajo y (c) los beneficios generados por los recursos son distribuidos con gran incertidumbre espacial. Bajo estas circunstancias, un régimen de propiedad común proporciona una forma de reducir el riesgo de no tener ningún beneficio en un período de tiempo dado y por lo tanto puede ser preferible a la propiedad privada (ver Runge, 1986; Netting, 1976).
8. Los consumidores del recurso no siempre eligen desertar en lugar de cooperar. Las decisiones individuales dependen de su poder de negociación, la dotación inicial de recursos, su valor compartido y otros factores.

Los panelistas también identificaron las siguientes preguntas no respondidas y áreas para futura investigación:

1. ¿Cómo interactúan múltiples niveles de gestión y afectan el desempeño?
2. ¿Cuál es el efecto del tamaño del grupo en el desempeño de los arreglos institucionales?
3. ¿Cuáles son las funciones de los distintos mecanismos para la solución de controversias?

Estas tres preguntas identificaron una agenda ambiciosa y científicamente difícil. Una de estas preguntas no respondidas (el efecto del tamaño del grupo) ha sido abordada repetidamente en investigaciones desde 1985. Sin embargo la pregunta parece ser engañosamente sencilla. Dependiendo del contexto se han obtenido diversos descubrimientos. Se han realizado menos trabajos sobre diversos mecanismos para la solución de controversias; esto queda como un área importante para la investigación, donde la tradición del trabajo en los comunes pudiera ligarse a la de la solución de conflictos.
Un número de actividades relacionadas siguieron a la Conferencia de Annapolis. Una de ellas fue la publicación de una serie de estudios tan extensos como libros, y se han editado volúmenes que condujeron a serios replanteamientos de las bases empíricas para el análisis de los recursos comunes (ver Berkes, 1986, Berkes et al., 1989; Tang, 1992). Estos estudios plantearon una seria duda en cuanto a la validez del análisis de Hardin y a la implicación de que el gobierno y la propiedad privada eran las “únicas” formas de manejar los recursos comunes. Demostraron que bajo ciertas condiciones, los grupos locales bajo un régimen de propiedad común podrían manejar sus recursos bastante bien. Esta duda condujo a un cambio en la forma de ver las formulaciones de Hardin, ya no como una generalización sino como un caso especial que se observaba solamente bajo ciertas circunstancias. Más aún, la copiosa literatura sobre casos de estudio ilustró una amplia diversidad de escenarios en los cuales los consumidores dependientes de los bienes comunes se han organizado para obtener mucho mejores resultados de los que se pueden predecir aplicando el modelo de Hardin (Cordell, 1990; Ruddle & Johannes, 1985; Wade,1994). Esta investigación cambió el enfoque de la materia de una búsqueda de la concepción correcta del conjunto y de la política de derecho individual por una búsqueda de la comprensión de las condiciones bajo las cuales formas institucionales específicas sirven a grupos de usuarios para sustentar las bases de su recurso por largos períodos de tiempo. Proposiciones potenciales de esta clase han sido formuladas en ocasiones como “principios de diseño” para las instituciones de los recursos (Ostrom, 1990), una formulación que desde entonces ha estimulado la investigación.
El momento presente no es el “final de la historia” para la investigación sobre los comunes. Más bien, parecería que estamos en un punto de rápido crecimiento en el trabajo proyectado para ayudar a nuestro entendimiento de la dinámica de los recursos comunes y las instituciones que los gestionan (y que los gestionan mal). Nuevas clases de comunes están siendo analizadas, nuevas herramientas metodológicas y perspectivas teóricas están siendo implantadas, y el trabajo en curso es cada vez más sintético e integrador.
La evolución en el trabajo de un marco conceptual claro ha sido una parte importante en la investigación de los comunes a través de la década pasada. El crecimiento en el campo ha sido facilitado por conceptos más claros y el reconocimiento concomitante que ideas similares (aunque con nombres diferentes) han surgido en diversas disciplinas. Al reconciliarse el lenguaje y las ideas a través de las tradiciones disciplinarias, estas líneas de trabajo relativamente autónomas pueden interactuar. Así que la discusión de los desarrollos conceptuales es en el presente una continuación de nuestra discusión de la historia de la materia y un preludio a una revisión del actual estado de la investigación.


Desarrollos conceptuales y términos clave

Una importante consecuencia de la reunión de 1985 ha sido un serio esfuerzo para desenmarañar los diferentes significados de los comunes, recursos comunes, regímenes de propiedad común y temas teóricos relacionados. Como indicó Bromley (1986) en su síntesis en la reunión de Annapolis, “una gran confusión ha sido introducida al tema al usar un término de propiedad común”— para referirse a un recurso caracterizado por rasgos específicos. El término “propiedad común” significa un tipo de acuerdo en la gestión creado por humanos y no una característica del recurso como tal. El término preferido para recursos de los cuales es difícil excluir a los consumidores es un “recurso común”. El término “recurso común” se enfoca a las características del recurso, más que a los acuerdos humanos utilizados para su gestión. Tal recurso podría permanecer como acceso abierto sin reglas o podría ser manejado por un gobierno, como propiedad privada, o por un régimen de propiedad común. El término “recurso de propiedad común” ha quedado tan imbuido en el lenguaje usado en literatura sobre economía y políticas que realizar este adelanto conceptual ha sido difícil. La confusión fue incorporada en el título del Panel ncr que organizó la conferencia de Annapolis, y se sigue usando en el título del boletín informativo oficial de la asociación que surgió de este esfuerzo (The Common Property Resourse Digest). Después de un debate bastante acalorado, la palabra “recurso” fue suprimida del nombre de la iascp misma para que el nombre de la asociación incluya el término “propiedad”, pero no en combinación con el término “recurso”. El hecho de que tanto recurso común como propiedad común puedan ser abreviados como cpr (por sus siglas en inglés) ha abonado a la continua confusión. En este libro no usamos la abreviatura cpr en absoluto para evitar futura confusión.
El término comunes es usado en el lenguaje diario para referirse a una diversidad de recursos o instalaciones, así como a instituciones de propiedad que involucran algún aspecto de la propiedad conjunta. Como se menciona, existen ventajas analíticas en separar el concepto del recurso o bien estimado por humanos, del concepto de las reglas que pueden ser usadas para gobernar el comportamiento y las acciones de los humanos que usan estos recursos. En esta visión, un recurso común es un recurso o instalación natural o hecho por el hombre disponible para más de una persona y está sujeto a degradación como resultado de la sobreexplotación. Los recursos comunes son aquellos para los cuales la exclusión del recurso es costosa y el uso por una única persona disminuye lo que está disponible para otros. La diversidad de los regímenes de derechos de propiedad que pueden ser usados para regular el uso de los recursos comunes es muy amplia, incluyendo las categorías de propiedad gubernamental, propiedad privada y propiedad de una comunidad. Cuando ningún derecho de propiedad define quién puede usar un recurso común y cómo están regulados sus usos, un recurso común está bajo un régimen de libre acceso.
Los seres humanos utilizan los recursos comunes cosechando o extrayendo algo del flujo de valiosos bienes finitos producidos por ellos o introduciendo derivados no deseados, tratando de esta manera al recurso como si fuera un sumidero. En general, los humanos utilizando recursos de este tipo, enfrentan al menos dos problemas de incentivo subyacentes (Burger et al., 2001; Ostrom et al., 1994). El primero es el problema de sobreexplotación, congestión o hasta destrucción debido a que el uso por una sola persona substrae los beneficios disponibles para otros. El segundo es el problema del abusivo, que es el resultado del costo o dificultad de excluir a algunos individuos de los beneficios generados por el recurso. Los beneficios de mantener y de hacer cumplir las reglas de acceso y de exclusión valen para todos los consumidores, independientemente de si ellos han pagado una parte justa de los costos. Las instituciones que diseñan los seres humanos para regular el uso de los bienes comunes deben tratar de alguna manera de cumplir con estos dos problemas de incentivación básica. Ellas sirven para prevenir la sobreexplotación y para asegurar contribuciones a los mecanismos usados para mantener tanto el recurso como la misma institución.

El problema de la sobreexplotación

La primera característica importante de los recursos comunes es la posibilidad de substracción de unidades del recurso una vez que ocurre la extracción. A esta característica se refieren con muchos otros nombres, incluyendo el usufructo del consumo y la competencia del consumo. Todos estos términos van enfocados hacia la relación que el uso por una persona única tiene en la disponibilidad de unidades del recurso para otros. La captura de pescado por una persona, el agua o la madera substraen de la cantidad remanente en cualquier momento (y potencialmente, con el tiempo) para los demás. Debido a que los recursos comunes son sujetos de ser disminuidos, pueden ser fácilmente congestionados, sobrecosechados, degradados y hasta destruidos. Muchos recursos discutidos en la literatura teórica sobre bienes públicos son, de hecho, recursos comunes porque tienen el atributo de poder ser substraídos, característica que los bienes públicos clásicos tales como la paz mundial y el conocimiento científico no poseen.
Algunos de los más desafiantes problemas de los recursos comunes tienen que ver con el uso de los recursos comunes como depósitos, lo cual los degrada a través de la contami nación. Los depósitos de recursos comunes varían en tamaño, desde la atmósfera terrestre, la cual se ve afectada por el comportamiento de los individuos en todos los países del mundo, a corrientes de agua locales y cuencas atmosféricas afectadas principalmente por personas en una sola localidad. Cuando un recurso es un depósito, el problema de la sobreexplotación está acumulando un contaminante dentro del recurso, en contraste con el problema más común de extraer demasiado. Muchas corrientes de agua sufren de ambos tipos de problemas —demasiada agua es extraída por cada consumidor causando que el costo del agua suba para otros, y demasiados contaminantes son arrojados dentro del recurso causando que la calidad del agua para los otros disminuya. Aún cuando el uso del marco conceptual para entender los bienes comunes parece prometedor, esta línea de análisis no ha sido tan estudiada como la de examinar la sustracción del recurso.

El problema del abusivo

Este problema fue definido originalmente en su forma más extrema como la imposibilidad de excluir beneficiarios una vez que se han hecho mejoras a cualquier conjunto de recursos (Musgrave, 1959). Sin embargo, si la naturaleza de ciertos recursos hiciera verdaderamente imposible la solución del problema de la exclusión, las instituciones no tendrían un papel en la gestión de esos recursos. La visión contemporánea consiste en que los recursos varían en el costo de excluir a potenciales beneficiarios de los beneficios derivados de su uso. Si no resulta práctico excluir a un consumidor, ni es posible forzar a ese consumidor a contribuir a los costos de desarrollar y mantener el recurso, el consumidor no contribuyente es llamado abusivo (free rider). El costo de excluir a consumidores potenciales es, a menudo, una función tecnológica. Antes de la invención de las bardas de púas, era muy caro excluir a los consumidores potenciales de las zonas de pasto; pero con el alambre de púas se volvió más factible excluir a aquellos que no tienen derechos de entrada.
De esta manera, un problema nuclear relacionado con el uso de los recursos del bien común es el costo de prevenir el acceso a los consumidores potenciales, a menos que ellos estén de acuerdo en regirse por un conjunto de reglas. En relación al recurso del bien común, los consumidores se vuelven abusivos cuando cosechan del recurso o arrojan contaminantes en él independientemente, y toman solamente sus propios costos y beneficios en consideración. Uno “resuelve” el problema de los abusivos cuando las reglas son adoptadas y es aceptado que regulen las acciones individuales para que los beneficios sociales y los costos sociales sean tomados en consideración. Las reglas específicas adoptadas en esfuerzos para manejar la sustentabilidad de un recurso común son sumamente numerosas, pero pueden ser clasificadas ampliamente en varias categorías generales (Ostrom, 1999): reglas de confines, reglas de posición, reglas de autoridad, reglas de alcance, reglas de agregación, reglas de información y reglas de pago. Si cualquier configuración de reglas resuelve el problema del abusivo en relación a un sistema de recurso en especial, depende de qué tan bien abordan estas reglas la estructura biofísica del recurso, ya sea que son percibidas por los consumidores como legítimas y puestas en vigor, y si son entendidas por los participantes de una manera parecida.
Analizando el problema de la exclusión, el resultante abusivo requiere de que se haga una distinción entre el sistema que provee el recurso como tal (un río, un bosque, una pesquería) y las unidades del recurso de valor para los humanos (agua, madera o pescado). Después de que las unidades del recurso han sido extraídas del sistema, el costo de excluir a potenciales beneficiarios de consumir las unidades extraídas es a menudo relativamente bajo y las unidades del recurso pueden ser consideradas como bienes privados. Es decir, puede ser difícil controlar quién va de pesca, pero fácil de controlar quién obtiene los pescados una vez que han sido capturados. Los mercados eficaces para el agua embotellada, pescado y madera están basados en el bajo costo de excluir a los beneficiarios de las unidades utilizadas. Un consumidor potencial puede ser fácilmente impedido de adquirirlas sin pagar el precio del mercado por el sistema legal y un sólido conjunto de normas proveyendo su aplicación para prevenir el robo. La ironía está en que estos mercados efectivos para productos extraídos son una gran fuente de incentivos para que los consumidores cosechen de más. Los usuarios obtienen los beneficios totales de su sobreexplotación a través del mercado para las unidades del recurso y sufren solamente una proporción de los costos que ellos imponen a los otros por sobreexplotar el sistema que provee las unidades del recurso.
Los recursos comunes comparten el problema de la difícil exclusión con otro importante problema de políticas públicas —la provisión de bienes tales como la paz internacional, el conocimiento y vivir en una sociedad justa (Olsen, 1965; Young, 1989)—. Una vez que los bienes son proveídos por alguien —con frecuencia una agencia del gobierno— nadie que viva en su ámbito de aplicación puede ser fácilmente excluido de gozar de los beneficios. Aunque los recursos y los bienes públicos comparten esta característica, difieren en relación a la sustracción: el uso por una persona única de un bien público, tal como el conocimiento de una ley física, no reduce la posibilidad de que un infinito número de personas utilicen el mismo conocimiento.
Como ya fue señalado, el problema clave causado por los altos costos tanto de exclusión, ya sea de los recursos comunes como de los bienes públicos, es el problema del abusivo. Si la exclusión es físicamente difícil y no existen normas eficientes para limitar quién puede usar un recurso y qué se puede extraer de éste, entonces los usuarios se enfrentan a un incentivo para aumentar su propia parte de cosecha sin ninguna preocupación por el impacto de sus acciones sobre el costo de los otros (y eventualmente para ellos mismos). Es más, las reglas que gobiernan los usos de un recurso común son en sí mismas un bien público, porque una vez que se suministran, el uso de estas reglas por una persona única no reduce su posibilidad de uso por los otros. Por lo tanto, la apropiación de un recurso de un bien común tiene una estructura de incentivos que pueden fácilmente llevar a la sobreexplotación. Proporcionando reglas para gobernar el recurso del bien público tiene un segundo conjunto de incentivos que tienta a los participantes a convertirse en abusivos durante el tiempo y el esfuerzo requerido para elaborar reglas efectivas, porque ellos se pueden beneficiar de la adopción de tales reglas ya sea que contribuyan o no. Los dos conjuntos de incentivos trabajan juntos para hacer del problema de evitar la sobreexplotación un reto real. Los académicos contemporáneos han subrayado que existen en la actualidad muchos “juegos” involucrados en la gobernanza y el curso constante de la gestión de los recursos de bienes comunes dependiendo de los atributos del recurso y sus usuarios (Olsen et al., 1994).

Traducido del inglés por María R. Pimentel