El levantamiento armado de los zapatistas del 1 de enero de 1994 fue labrado durante diez años, en un medio de colonización (la región de La Selva) y de antiguos asentamientos indígenas con significativas tradiciones comunitarias (la región de Los Altos) del estado de Chiapas. Los antecedentes de las movilizaciones indígenas y campesinas en la región vienen de muy atrás, pero es el Congreso Indígena de San Cristóbal de las Casas de 1974 el que inaugura una nueva era en las luchas indígenas de la entidad. Este Congreso ayudó a bordar nuevos y finos tejidos de solidaridad y de intercomunicación política y cultural entre indígenas tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales. También favoreció la construcción de nuevos puentes de relación con el "mundo exterior", del que los indios chiapanecos absorbieron ideas y experiencias que los pusieron en sincronía con otras luchas rurales del México moderno. Con todo, en la década de los setenta el monolingüismo seguía siendo en la región una realidad dominante, y era tanto una sólida fuente de recreación y afirmación de sus identidades comunitarias como una barrera maciza de defensa frente a ladinos, "intermediarios" y caciques mestizos.

En el periodo referido sólo unos cuantos "externos" lograron traspasar el umbral-barrera cultural y política de los indígenas de Los Altos y de La Selva. Entre éstos se encontraban las redes de catequistas y religiosos que, ligados a la diócesis de San Cristóbal, se movían como peces en el agua en el desempeño de su actividad pastoral y concientizadora. A partir de 1984 otros "externos" ganaron permiso: un pequeño grupo de gente armada que trabajosamente, y no sin antecedentes de actividad social y políticaen algunas de las comunidades de la zona, fue poco a poco ganando selva, monte y gente. Éstos eran los zapatistas.

Lo que en un principio se fincó en la zona como una actividad guerrillera tradicional, de tipo conspirativo, se fue transformando poco a poco en una amplia red organizativa dominantemente indígena que planteó la necesidad de hacer uso de las armas. ¿Las razones? La represión desatada contra todo intento de organización democrática independiente en la época negra del gobierno de Absalón Castellanos. Sin quererlo, el gobierno del estado creó las condiciones para la formación y la implantación de la guerrilla: pueblos enteros arrasados, cierre brutal de toda perspectiva de negociación, asesinatos selectivos y de grupos de campesinos rebeldes, racismo y violación sistemática de los derechos humanos, corrupción e impunidad en casi todas las acciones gubernamentales. Es la época de oro de los finqueros y de los caciques locales. Es la apertura en México del período neoliberal.

Para algunos miembros de las organizaciones sobrevivientes la cancelación de opciones negociadoras y la generalización del proceso represivo representará el llamado a la toma de las armas. Ello se dará en un primer momento de manera dispersa, sin coordinación, y seguramente sin el objetivo preciso de formar un ejército de indígenas y campesinos, sino de la formación de grupos compactos de autodefensa. Pero no es difícil imaginar que, en tales condiciones, una bien lograda labor de un núcleo guerrillero, asentado en la selva, consiguiera en poco tiempo construir, no un destacamento duro que crece desde su propio centro, sino una red de grupos fieles y activos en diversos municipios del estado.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) será así, en un primer momento, una red de agrupamientos indígenas que despliegan una intensa actividad proselitista en el terreno legal o clandestino, y que construyen pacientemente sus estructuras de organización político-militar y sus ideas. En los noventa, la incorporación masiva de otros contingentes campesinos llevará a la conformación definitiva del EZLN, tal y como ahora lo conocemos.

El Ejército Zapatista, que se va formando al amparo de la selva y la noche, y que encuentra sus claves de "clandestinidad" en el hermetismo de la cultura y de las lenguas indias, es desde su origen un ejército de jóvenes, pues recoge en fértil cosecha lo mejor de una nueva generación de pobladores cuyo denominador común es que "no tienen futuro". No es sólo que la pobreza de la región haya alcanzado un punto extremo, sino que todas aquellas opciones productivas y de vida que en años anteriores aparecieron en el horizonte de pronto se encuentran canceladas: la tierra se ha erosionado y los sistemas tradicionales de cultivo han dado de sí, por la pequeñez primaria de las posesiones, por la multiplicación de las bocas y la imposibilidad de abrir nuevas áreas a la colonización; el precio del ganado cae en picada al iniciarse los años noventa, tanto como lo hicieron las cotizaciones del café desde 1989; se establecen prohibiciones a la explotación forestal, con una ley de veda que afecta principalmente a los pequeños campesinos; algunas organizaciones campesinas de la región entran en crisis o se corrompen.

El detonante del proceso de guerra fue sin duda una reforma constitucional dirigida a cancelar "para siempre" el reparto agrario y a modificar las formas propietarias de la tierra, dando paso a la privatización de las áreas de "propiedad social" y a la participación plena del capital privado en la compra de terrenos ejidales y comunales. A dicha reforma, lanzada a finales de 1992, siguió la aprobación de una nueva ley agraria y de nuevos marcos normativos de la explotación silvícola y del aprovechamiento de aguas. Las comunidades de La Selva y de Los Altos de Chiapas encontraron en estas transformaciones legislativas el signo vivo de su desesperanza, pues no habría más forma de abrir nuevas áreas de cultivo ni de pelear y ganar por la vía legal el reparto de las grandes propiedades terratenientes.

Las "reformas agrarias" del gobierno de Salinas de Gortari mostraron con toda evidencia a los pobladores de La Selva y de Los Altos que su lucha no tendría más un marco restringido al ámbito local: en 1994 casi el 30% del rezago agrario nacional se seguía concentrando en Chiapas, y poco más de 100 personas poseían el 12% de las tierras. En el año de la insurrección dominaban allí los finqueros y los grandes propietarios ganaderos, que en conjunto sumaban alrededor de 6 mil familias poseedoras de más de 3 millones de hectáreas, prácticamente la mitad de la superficie productiva del estado.

¿Mirada hacia el pasado o el futuro?

El zapatismo es una forma de resistencia contra la modernización neoliberal y propuesta que mira hacia la construcción de una sociedad futura. En esta dualidad de formas y contenidos el zapatismo encuentra su molde primigenio en el zapatismo de ayer: rechaza el proceso de destrucción propio de la modernización capitalista, y en ello expresa inevitablemente algunos deseos o propuestas "conservadoras" o de permanencia. Pero una de las virtudes del zapatismo es su capacidad para sustanciar dichas ideas de permanencia o de rechazo con propuestas y prácticas de transformación que apuntan definitivamente hacia el futuro. Esta posibilidad de redimensionar lo viejo para convertirlo en algo nuevo y positivo ha sido un verdadero acto de creación, no un simple reacomodo de piezas.

La propuesta zapatista empezó a esbozarse desde los primeros días de la insurrección de enero de 1994. ¿Qué quieren los alzados? Llaman a los poderes de la Unión para que, haciendo uso del derecho constitucional, "se deponga el gobierno ilegítimo de Carlos Salinas de Gortari y a su gabinete, y en su lugar se instaure un gobierno de transición formado por personalidades y partidos políticos, para que éste sea el que convoque a elecciones en igualdad de circunstancias y no como ahora que [serían] ilegítimas y desequilibradas". Desde la voz y la idea zapatista la insurrección es constitucional, es legítima, se sostiene en el artículo 39 de la Constitución, que a la letra dice: "La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".

El objetivo primario del EZLN es entonces la instauración de un orden democrático, que no se impondría a través del uso de las armas y de una "toma del poder" por parte de las masas insurrectas o de la intervención de un partido rojo, sino a partir de un gobierno de transición constituido por la vía del sufragio, en elecciones libres y limpias organizadas por los propios poderes de la Unión. La conquista de este umbral (el término es de Marcos) abriría el curso a la constitución de un nuevo pacto social y un nuevo Estado, de tipo republicano y con real equilibrio de poderes. La variante o el modelo zapatista de organización política y social de esta nueva sociedad se ubicaría muy precisamente en dos niveles particulares: en las estrategias, vías y modalidades de reconstrucción de lo nacional, así como en las formas de relación entre gobernantes y gobernados. Los dos niveles referidos, íntimamente imbricados y dependientes el uno del otro, distinguen la propuesta zapatista de cambio de otros modelos de transformación republicana, muy particularmente de aquellos que reducen sus esquemas a las fórmulas de organización de la denominada democracia representativa.

En los meses que siguen a la insurrección los zapatistas llevan a cabo otras intervenciones en la vida política del país, con momentos estelares como las primeras negociaciones con el gobierno en la Catedral de San Cristóbal y la realización en la selva de un magno encuentro plural del que surge la Convención Nacional Democrática (CND). La presencia e influencia del movimiento zapatista en 1994 fue particularmente significativa en un terreno que muchos supusieron ajeno a sus demandas y a sus áreas más directas de interés: por un "efecto de demostración" –las negociaciones con el gobierno en la catedral de San Cristóbal; el contundente no zapatista a las propuestas de solución al conflicto chiapaneco presentadas por el gobierno–, o por la fuerza de la demanda civil democrática exponenciada por su movimiento, el gobierno accedió a llevar adelante una reforma electoral de mucho mayores alcances que las que se habían aprobado en 1989 y en 1993.

En 1995 el EZLN forzó al gobierno a un nuevo proceso de negociaciones que se desarrolló en la comunidad de San Andrés Larráinzar, al tiempo que sostuvo un "diálogo con la sociedad civil" a través del proceso mismo de negociaciones. En 1996 el zapatismo mantuvo su presencia política desde su participación en el diálogo de San Andrés, ganó los acuerdos sobre "derechos y cultura indígena" (primera de las cinco mesas que habían sido negociadas con el gobierno) y realizó foros nacionales sobre la cuestión india y la democracia. En los primeros meses de 1997 el EZLN se aplicó en hacer valer los acuerdos de la primera mesa y en convertirlos en reforma constitucional, y dio cauce a la formación del Congreso Nacional Indígena (CNI).

Las claves

Más allá de estas definiciones generales el zapatismo avanzó entre 1995 y 1996 en la construcción de su propuesta. Fue en el espacio de las negociaciones con el gobierno federal entre 1995 y 1996 en San Andrés Larráinzar donde el zapatismo tejió los hilos finos de "su modelo" de transformaciones.

En octubre de 1995 se instaló la Mesa de Derechos y Cultura Indígena, como la primera de cinco en las que el EZLN y el gobierno discutirían y negociarían las demandas del movimiento armado, así como las condiciones de pacificación en las áreas rurales chiapanecas. Después de cuatro meses y medio de intensas discusiones y consultas se llegó a la firma, el 16 de febrero de 1996, de tres documentos que incorporaron en lo fundamental las exigencias e ideas programáticas del zapatismo.

¿Cuáles fueron los alcances de tales ideas en el nivel específico de "lo indígena"? Aun si éstas no han sido traducidas en una reforma constitucional, cabe decir que los acuerdos de San Andrés se han convertido ya en el punto de definición más significativo y de mayores alcances en el tema, en condiciones en que el movimiento indígena nacional independiente (y no sólo éste, con seguridad) reconoce en ellas sus principales concepciones de carácter programático.

Cabe enumerar rápidamente las líneas básicas de "los acuerdos": reformas constitucionales para reconocer un régimen de autonomía para los pueblos indios de México (artículo 4o. y formulación de su ley reglamentaria); cambios a la Carta Magna para reconocer formas propias de organización social y política de los indígenas (artículo 115), "sin la necesaria participación de los partidos políticos"; establecimiento de un marco jurídico que acepte los "sistemas normativos" propios de tales pueblos; estrategias de remunicipalización y de redistritación que permitan una mejor y más justa participación y representación indígena en los planos regionales y estatales; reformas a no menos de diez artículos de la Constitución chiapaneca, dirigidas a formalizar en el plano local conquistas políticas, sociales, culturales y autonómicas, etcétera.

Conviene detenerse más en algunas de las formulaciones que expresamente quedaron plasmadas en los documentos que se firmaron el 16 de febrero de 1996. En el "Pronunciamiento conjunto" (documento 1) se habla de la necesidad de establecer "los principios y fundamentos necesarios para la construcción de un pacto social integrador de una nueva relación entre los pueblos indígenas, la sociedad y el Estado", para lo cual resulta indispensable llevar a cabo "una profunda reforma del Estado".

"La historia confirma –se dice en el documento referido– que los pueblos indígenas han sido objeto de formas de subordinación, desigualdad y discriminación que les han determinado una situación estructural de pobreza, explotación y exclusión política. Confirma también que han persistido frente a un orden jurídico cuyo ideal ha sido la homogenización y la asimilación cultural. Confirma, finalmente, que para superar esa realidad se requieren nuevas acciones profundas, sistemáticas, participativas y convergentes de parte del gobierno y de la sociedad, incluidos, ante todo, los propios pueblos indígenas".

En las "propuestas conjuntas" en el nivel federal (docu-mento 2) se amplía y precisa la definición de autonomía y de la libre determinación de los pueblos indígenas. "La autonomía –dice el documento– es la expresión concreta del ejercicio del derecho a la libre determinación, expresada como un marco que se conforma como parte del Estado nacional. Los pueblos indígenas podrán, en consecuencia, decidir sus formas de gobierno interna y sus maneras de organizarse política, social, económica y culturalmente. Dentro del nuevo marco constitucional de autonomía se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que la hagan valer, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, conforme a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa. La autonomía de los pueblos indígenas contribuirá a la unidad y democratización de la vida nacional y fortalecerá la soberanía del país".

El reconocimiento de la libre determinación y los niveles y modalidades de la autonomía se establece considerando, como elementos ordenadores, "el territorio", el "ámbito de aplicación", las "competencias", el "autodesarrollo" y "la participación en los órganos de representación nacional y estatal".

En el nivel político se habla de asegurar una "representación política adecuada de las comunidades y pueblos indígenas en el Congreso de la Unión y en los congresos locales", incorporando nuevos criterios en la delimitación de los distritos electorales que correspondan a las comunidades y pueblos indígenas. Y se acuerda además: a) permitir su participación "en los procesos electorales sin la necesaria participación de los partidos políticos"; b) garantizar "la efectiva participación de los pueblos indígenas en la difusión y vigilancia de dichos procesos"; c) asegurar la organización de los procesos de elección o nombramiento propios de las comunidades o pueblos indígenas en el ámbito interior; d) reconocer las figuras del sistema de cargos y otras formas de organización, metodos de designación de representantes, y toma de decisiones en asambleas y de consulta popular; e) establecer que los agentes municipales o figuras afines sean electos o, en su caso, nombrados por los pueblos y comunidades correspondientes; f) prever en las legislaciones a nivel estatal los mecanismos que permitan la revisión y, en su caso, modificación de los nombres de los municipios, a propuesta de la población que se halle asentada en las demarcaciones correspondientes.

También se definen garantías para el "acceso pleno a la justicia" de los pueblos indios, consistente en reconocer y respetar sus "sistemas normativos internos", garantizando el pleno respeto a los derechos humanos. En este marco se postula la necesidad de que "el derecho positivo mexicano reconozca las autoridades, normas y procedimientos de resolución de conflictos internos, entendiéndose por esto los conflictos de convivencia interna de los pueblos y comunidades, para aplicar justicia sobre la base de los sistemas normativos internos y, mediante procedimientos simples, sus juicios y decisiones sean convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado".

Por último, se plantea la necesidad de elevar a rango constitucional el reconocimiento y respeto de la cultura indígena, generalizando "una educación pluricultural que reconozca, difunda y promueva la historia, costumbres, tradiciones y, en general, la cultura de los pueblos indígenas".

Los acuerdos indígenas de San Andrés tienen un contenido pluricultural, con una definición implícita sobre la reconstrucción de la unidad nacional "desde lo diverso". Contra la idea de que el Estado –y el derecho que funda o sustenta a dicho Estado– debe tender a ser homogéneo y homogeneizante, la propuesta de dar sustento legal a la autonomía indígena se dirige a aceptar y potenciar la diferencia, con el reconocimiento de derechos colectivos articulados a los derechos individuales. Desde esta perspectiva, la autonomía planteada por el programa zapatista es un concepto esencialmente "integracionista", no segregacionista. Por ello es que se vuelve indispensable la definición de "un nuevo pacto federal" que sustente efectivamente transformaciones profundas en el conjunto de los poderes del Estado.

"La sociedad" que se afirma a partir de este proceso de (re)integración nacional no es, en consecuencia, la que conforma una simple suma de individuos dentro de la tendencia ya referida a la homogenización, sino una relación tejida de individuos y de grupos o de entidades comunitarias a los que se les reconocen derechos tanto individuales como colectivos.

El neoliberalismo camina en un sentido contrario. En términos de Marcos: dentro de la "estrategia de destrucción-despoblamiento y reconstrucción-reordenamiento" del neoliberalismo, opera, en un mismo ciclo o movimiento, la disolución de los Estados nacionales dentro de las megalópolis (primera tendencia), y "una o varias fracturas en los Estados nacionales" (segunda tendencia). Tal es la paradoja de lo que el subcomandante califica como la IV Guerra Mundial: "hecha para eliminar fronteras y ‘unir’ nacionalidades, lo que va dejando tras de sí es una multiplicación de las fronteras y una pulverización de las naciones que perecen en sus garras" (subcomandante Marcos, "Siete piezas sueltas del rompecabezas mundial", Le Monde Diplomatique, núm. 1, nueva época, junio de 1997).

Pero la fragmentación o pulverización de los mercados internos no es un fenómeno que pueda reducirse a "lo económico": tiene como presupuesto y punto de llegada la disolución intencionada de los cuerpos sociales preexistentes, la desestructuración de identidades colectivas o la individualización homogenizante. Tal proceso de desestructuración de los grupos sociales y de sus identidades colectivas tiene el objetivo de construir una nueva "mecánica" de regulación de la oferta laboral y una nueva modalidad de "administración" de la pobreza.

La Mesa de "Democracia y Justicia"

"El sistema de partidos y de representaciones sociales corporativas existentes en el país difícilmente expresan la vocación autónoma de amplias capas ciudadanas y de las organizaciones sociales. El país no cabe en este sistema, al punto de que su persistencia es ya uno de los principales factores de inestabilidad política [...] La democracia desde abajo [...] exige una nueva relación entre gobernantes y gobernados [...] Sin negar ni menospreciar la importancia que los partidos políticos tienen en la vida nacional, una visión sustantiva de la democracia contempla la apertura de espacios ciudadanos no partidarios en la lucha política, tanto en el terreno de la construcción de las representaciones como en el ejercicio mismo del poder [...]."

Esta línea de definición se expresó en la primera parte del documento que el EZLN presentó en las negociaciones de San Andrés en julio de 1996, en el marco de la "Mesa de Democracia y Justicia", segunda de las cinco que componían el proceso global de diálogo entre los zapatistas y el gobierno federal.

Esta posición inicial orientaba el sentido general del documento del EZLN, y a partir de allí se desplegaba un rico arco iris de ideas y propuestas en los subtemas: democracia social y democracia participativa, derechos y cultura indígena, organizaciones sociales y participación social, justicia social y derechos humanos, democracia y soberanía nacional, nuevo federalismo y fortalecimiento municipal, división de poderes y presidencialismo, sistema de partidos y reforma electoral.

Democracia social y democracia participativa. El primer punto plantea "ampliar las formas de participación política estableciendo mecanismos de democracia directa". Se requiere para ello reformar la Constitución, estableciendo que "el sistema democrático que adopte el pueblo como forma de gobierno, será representativo para la integración de los Poderes de la Unión, y directo, bajo las formas de plebiscito, referéndum, iniciativa popular, acción popular y revocación de mandato, en los términos que la propia Constitución establezca".

En el mismo marco se propone incorporar la figura de rendición de cuentas de los representantes en el Congreso, del Presidente de la República, de los gobernadores y de otros funcionarios públicos, "en el entendido de que la rendición de cuentas se haga a través de informes a la ciudadanía en prensa y/o en actos expresamente convocados para tal efecto, a partir de una petición calificada de los ciudadanos residentes en el ámbito geográfico-político (municipio, distrito, estado, país) que corresponda".

En el subtema "Democracia social y democracia participativa" se incorporan además, entre otras, las siguientes propuestas: a) legislar sobre la formación de órganos ciudadanos de vigilancia y de contraloría social, "que sean autónomos frente a los poderes y órganos formales del gobierno y de representación política"; b) reglamentar el derecho a la información; c) la aprobación constitucional de la figura de "revocación de mandato", consistente en el derecho de los ciudadanos a elegir y a destituir a sus representantes y funcionarios, bajo un sistema de voto plebiscitario a partir de "la demanda de un cierto número de ciudadanos a nivel federal, estatal y municipal".

Organizaciones sociales y participación social. Además de las reivindicaciones sobre la libertad de asociación sindical, que deberá lograrse a partir de la supresión del "registro obligatorio de sindicatos, para que no se condicione (su) existencia... y su personalidad jurídica por la autoridad", el documento presentado por los zapatistas propone el reconocimiento pleno a los derechos de asociación gremial y de organización sindical de los jornaleros y de los asalariados rurales, así como la definición de un "estatus laboral particular para los trabajadores migrantes".

Las propuestas abarcan a la vez el terreno de la organización agraria, con una serie de definiciones en favor de las asambleas comunitarias –indígenas y no indígenas–, de la asamblea ejidal, y de la formación de Consejos Agrarios y Campesinos "que las comunidades y pueblos establezcan libremente para fines productivos, de abasto y de comercialización".

En el ámbito de la sociedad civil, la propuesta del documento zapatista plantea la "libertad plena" a su organización, "en comités, redes de asociación, clubes, centros y espacios culturales y de recreación. La célula base de organización (podría ser) el Comité Civil, que estaría constituido por un mínimo de miembros (a determinar) y tendría fines no lucrativos ni político-electorales". A ello se añadiría la "creación de la figura de Asociación Política Nacional sin fines u objetivos electorales, así como de las figuras correspondientes en los planos estatales". Dichas Asociaciones Políticas Nacionales (APN), que contarían con un registro civil reconocido, podrían beneficiarse de un régimen fiscal particular. Las APN de este tipo podrían "coaligarse con otras asociaciones u organizaciones no gubernamentales, o con partidos políticos, para emprender campañas cívicas, educativas, culturales, o de otra índole". También podrían establecer "convenios con instituciones académicas, no gubernamentales, fundaciones, o de otro tipo, que canalicen recursos para el desarrollo, o lleven a cabo cualquier otra actividad que no tenga fines lucrativos".

Tanto por el orden como por los contenidos mismos de la propuesta zapatista presentada en la Mesa 2 de San Andrés Larráinzar es posible distinguir una concepción de la democracia que coloca la cuestión del poder –y del ejercicio del poder– "sobre sus pies", es decir, que pone en evidencia el hecho de que el poder –realmente– emana del pueblo (de "la sociedad") y tiene en éste su primera y última fuente de sustentación. En otras palabras: en la idea zapatista la reforma del Estado no puede tener como un punto de partida la transformación del sistema electoral y de partidos, aunque ésta misma sea sin duda un elemento esencial o sustantivo de aquélla.

Otra idea cruza el conjunto de los planteamientos zapatistas sobre el tema "democracia y justicia": hay que poner en cuestión la "relación entre gobernantes y gobernados" (los primeros deberán "mandar obedeciendo") y, por ello, la piedra de toque de todos los temas y subtemas se ubica en el punto preciso de la legitimidad del poder y de su ejercicio. Cuando la cuestión es abordada de tal forma quedan en evidencia no sólo todos los vicios y problemas derivados de una creciente "autonomización del poder político", sino también todos los vicios y problemas que surgen del conjunto del "sistema de representación", por lo que los propios partidos políticos son interrogados: ¿los partidos realmente existentes se articulan con legitimidad de mando y representación a sujetos sociales consistentes, o tienden a despreciar ese vínculo o articulación para construir o sustentar su propio poder del que de buena o mala gana le conceden los operadores políticos del Estado?

El terreno del zapatismo

El EZLN construye su propuesta máxima de cambios en el terreno de la democracia desde una matriz de concepción que parte de lo indígena y de su cosmogonía. Propone la rearticulación de la Nación desde sus elementos diversos, y la construcción de un orden político en el que la democracia social o participativa tenga un lugar decisivo. Ello distigue el modelo o la vía de la propuesta zapatista de cambio de los otros modelos de transformación republicana, muy particularmente de aquellos que reducen sus esquemas a las fórmulas de organización de la denominada democracia representativa.

Desde una perspectiva general, puede decirse que el zapatismo juega un papel esencial en el actual proceso de transición política en México, como sujeto conductor y articulador de las más amplias resistencias contra la modernización neoliberal y como fuerza social y política que teje un discurso-propuesta original de transformaciones democráticas. Crítico de "la forma partido", el zapatismo busca nuevas modalidades de organización del sujeto social y de lucha política. Pone en tela de juicio al conjunto de los aparatos e instrumentos propios de la "democracia representativa", pero no pretende su eliminación sino su redimensionamiento desde fórmulas en las que "los que manden, lo hagan obedeciendo". Esta línea de concepción da al zapatismo toda su originalidad, y muestra tanto sus diferencias con otras concepciones de cambio como las líneas de convergencia –reales o virtuales– con una vertiente específica de transformación hoy viva y pujante en el escenario político del país: el cardenismo o neocardenismo, propuesta de imaginario político con profundas raíces en la sociedad mexicana de este fin de siglo.

Indigenismo y pluriculturalidad

La propuesta zapatista de transformación de México en un país pluricultural y de "un mundo en el que quepan muchos mundos" tiene ondas raíces en la cultura y en el pensamiento indígenas, pero se hace eco a la vez de una vertiente de concepción que en el espacio académico e intelectual se expresó desde los años setenta en una crítica radical al indigenismo, desde mentes tan lúcidas como las de Guillermo Bonfil.

La visión que estos –entre otros– pensadores enfrentaron con su crítica tenía un fuerte contenido etnocentrista, y se basaba en la idea de que no había mejor indio que el que aceptara dejar de serlo para asimilarse o integrarse en la "vida nacional". Con ello se buscaba extirpar "la personalidad étnica del indio" y su transformación en un ente común de la civilidad.

En sus acciones de lucha y en San Andrés Larráinzar los zapatistas colocaron sobre la mesa de debates justamente la pregunta que hace veinte años planteó Guillermo Bonfil: "¿Es incompatible la presencia de diversas identidades étnicas con la idea de una sola patria? ¿Son mutuamente excluyentes la pluralidad cultural y la participación en una patria común?" Lejos de una simple visión culturalista Bonfil respondía con claridad a su propia pregunta: "La diversidad cultural...no es incompatible con la idea de nación", pero para lograrla es indispensable "la liberación de las etnias minoritarias del sistema de relaciones asimétricas al que están y han estado sometidas por parte de la sociedad dominante..."

¿Existen en el mundo indígena elementos que son producto del propio sistema de dominación al que han sido sometidos durante más de 500 años, y no formas vivas provenientes de sus originaria manera de ser y de pensar? Encuentro en el análisis de Roger Bartra (véase en este número: "Sangre y tinta del kitsch tropical") una clara sobreestimación de los "elementos negativos" del mundo indígena que, por lo demás, parten a mi parecer de una subestimación extrema –si la hay– de los elementos negativos del "mundo republicano". Con todo, ésta me parece una manera simplista de establecer los términos de la dominación "colonial" y sus efectos, pues no considera en absoluto las resultantes o los productos de la centenaria lucha de resistencia indígena. ¿Cómo explicar si no la extraordinaria dignidad de la rebelión india de nuestros tiempos? ¿Cómo analizar si no la capacidad de miles y miles de indígenas de Chiapas para abrazar un proyecto de cambios que les permite colocarse en el centro de una reacción contra el neoliberalismo que va más allá de nuestras fronteras nacionales? ¿Cómo en fin valorar la pertinaz manera de retener y defender formas propias de convivencia y de trabajo comunitario que hoy ofrecen claves significativas para enfrentar la actual crisis civilizatoria?

Con todo, me parece que esta cuestión toca sólo uno de los aspectos del debate. Los que desde el flanco indígena plantean la necesidad de construir una nación pluricultural no suponen en absoluto que su propio universo político, social, económico y cultural no deba ser transformado. A la vez, hay que decir que pocos (ubicados en el fundamentalismo indigenista) son los que hoy plantean que se trate de "purificar" la vida indígena "regresando" a sus estructuras prehispánicas originales.

El planteamiento autonómico que se expresa en los Acuerdos de San Andrés, si bien se construye desde una herencia de siglos, mira hacia el futuro, no hacia el pasado. Busca la definición de nuevas reglas del juego para construir un México distinto a todos los Méxicos que hemos vivido hasta el presente. Los documentos que expresan dicha concepción están allí, a la mano, y son los que permitieron al EZLN llegar a la firma de unos acuerdos que hoy el gobierno rechaza en su sustancia.

Julio Moguel, "Las claves del zapatismo ", Fractal n° 8, enero-marzo, 1998, año 2, volumen III, pp. 77-94.