El avance de la democracia en América Latina en los últimos tiempos ha supuesto un triple proceso: la necesidad de articular reglas de juego asumidas por la mayoría y que, a la vez, compusieran espacios organizativos mínimos en donde se llevara a cabo la competición política; la incorporación de la movilización social a través de formas de participación y de representación, y, finalmente, la creación de canales de selección del personal político que dirigiera y gestionara la política cotidiana. Estas tres facetas se refieren a temas recurrentes de la literatura en las ciencias sociales y aluden, en una terminología más técnica, a la institucionalización del régimen político, la intermediación entre las demandas sociales y el poder y a la profesionalización de la política.

En un marco de poliarquía, en el que predomine la libre e igualitaria competencia por el poder mediante reglas conocidas y asumidas por la mayoría a través de procesos electorales periódicos, la institucionalización, la intermediación y la profesionalización son elementos indispensables. Éstos vienen siendo desempeñados por los partidos políticos, como ejes que entrelazan de una manera estable y previsible a la sociedad con el régimen político. Independientemente del modelo de partido del que se parta, las funciones de articulación y agregación de intereses, legitimación, socialización, representación y participación, y de formación de una élite dirigente, con mayor o menor intensidad, siguen siendo vitales para el sistema político.

Esta situación es común para todos los sistemas políticos democráticos. Sin embargo, son notorias las diferencias entre los más recientes y aquellos con un desarrollo de larga data y que han conseguido un notable grado de consolidación. El papel venturoso de los partidos políticos se liga a su operatividad funcional, la cual se encuentra enormemente condicionada por la variable tiempo. Es decir, la vida de un partido, siguiendo cierta comparación biológica, requiere de la existencia de ciertas condiciones que están ligadas a la idea de pervivencia. La rutinización de los procedimientos, la alternancia en sus liderazgos, desprendiéndose de iniciales adherencias caudillescas, la moderación de sus ofertas programáticas, la identificación clara y diferenciada por parte de un electorado mayor o menormente fiel, son aspectos de un proceso que se liga indefectiblemente al tiempo. Sin embargo, ya se sabe que éste es un factor que en muchas ocasiones en política resulta escaso. Más aún, los procesos de transición a la democracia están habitualmente impelidos por una necesidad de urgencia, de quemar etapas lo más rápidamente posible, de encontrar "fórmulas mágicas" que conspiran contra la propia idea de que la institucionalización de la política no es cosa de un día.

Los antecedentes

El universo partidista, siguiendo pautas nacionales, es tan rico en América Latina que resulta extremadamente complejo realizar una clasificación de los partidos en la región siguiendo criterios relativos a su momento fundacional, máxime si se toma el periodo de los gobiernos autoritarios de las décadas de 1970 y 1980 como un parteaguas. En este apartado, no obstante, se realizará un breve recorrido de la reciente historia para elucidar en qué medida las transiciones, que impulsaron la reivindicación de la democracia como única legitimidad política plausible, fueron fuente de aparición o, en su caso, revitalización de los partidos. Analíticamente ese fue un momento histórico que separa profundamente a América Latina de los otros casos afectados por la "tercera ola democratizadora".
Al inicio de los procesos de transición a la democracia (1978-1980), América Latina contaba con cuatro escenarios muy diferentes. Uno recogía a aquellos países con tradiciones partidistas sólidas tanto en términos de la existencia de maquinarias partidistas como de capacidad de las mismas de movilizar importantes sectores de la población. El segundo contemplaba un modelo mixto en el que partidos antiguos iban a cohabitar con partidos nuevos surgidos del propio proceso transicional. El tercero encuadraba los casos definidos por organizaciones que mantenían su existencia, pero que se encontraban históricamente vacías, política y socialmente hablando. Finalmente, el cuarto recogía a los países donde, sumando a la debilidad histórica partidista los efectos de los últimos tiempos de los gobiernos autoritarios, apenas si se contaba con un marco mínimo de partidos.

 

El primer caso, siempre tomando como referencia el transfondo de las transiciones a la democracia, integraba a los países del Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay). En ellos, el universo partidista prácticamente respetaba el mismo esquema que el previo a la quiebra de la democracia precedente. Radicales y justicialistas en Argentina; socialistas, democristianos, radicales y conservadores en Chile; y colorados, blancos y frenteamplistas en Uruguay, eran una continuación de la política nacional de inicios de la década de 1970, absorbiendo valores superiores a 90 por ciento de apoyo electoral. En un primer momento postransicional, éste también sería el caso de Perú, ya que los dos partidos que se alternaron en el poder en la década de 1980 y que lo usufructuaron eran anteriores al proceso autoritario (se trata del APRA y de Acción Popular), aunque posteriormente el propio sistema de partidos, como se verá más adelante, sufriera uno de los cataclismos más serios de la región.
El segundo, más complejo, recogía a partidos nacidos a mediados del siglo XX que mantenían una estructura muy sólida y sobre los que todavía giraba el nuevo sistema político democrático. Tal era el caso del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en Bolivia y del Partido Travalhista (PT) en Brasil. Ellos convivieron con una pléyade de nuevos partidos surgidos, bien durante el periodo autoritario, bien durante la propia transición. Son un ejemplo, los casos de ADN y MIR y, más adelante, CONDEPA y UCS en Bolivia, y del PMDB, PSDB, PDT y PFL en Brasil, entre otros.
El tercer caso acogería a Paraguay, donde la continuada presencia del fraude electoral morigeró la existencia de Acción Nacional Republicana (Partido Colorado) y del Partido Liberal Radical Auténtico. Solamente después de las primeras elecciones constitucionales de 1993, el juego partidista quedó más claramente legitimado. Algo similar podría decirse de los Partidos Liberal y Nacional en Honduras. Esta situación también podría ampliarse al caso de Nicaragua, aunque fuera parcialmente, en lo relativo al Partido Liberal, o a Panamá.
El último grupo integraría a aquellos sistemas de partidos en los que se produjo un clarísimo proceso de refundación paralelo al proceso transicional. Esto parece evidente para el caso de Ecuador en la medida en que cuatro de los cinco partidos que estructuraran la competencia política al final del siglo se formaron en la década de 1970 e inicios de la siguiente, en pleno proceso transicional. Esto es PRE, PSC, ID y DP. También lo es para El Salvador y Guatemala, puesto que en el primero, Arena y el FMLN son hijos del conflicto bélico e igualmente en la segunda FRG, PAN y URNG. Así como parcialmente para Nicaragua con el FSLN.
Sin embargo, no todos los países latinoamericanos entran en esta cuádruple tipologización. Quedan fuera los cuatro casos que tuvieron procesos transicionales anteriores: Costa Rica, Colombia, Venezuela y República Dominicana; y aquellos dos, Cuba y México, que han vivido inmersos, todavía hasta muy recientemente el segundo, en un régimen de monopartido.
Todo ello permite hacer una caracterización de los partidos en una línea que subraye la gran heterogeneidad reinante en América Latina al alcanzar a la región la "tercera ola democratizadora". Paralelamente y si bien el "efecto transicional" debe tenerse en cuenta, este hecho sugiere la necesidad de profundizar en otras variables explicativas del desarrollo partidista, sus transformaciones y sus eventuales crisis que llevan al exterminio de unos y al nacimiento de otros.

Los cambios

 

A lo largo del periodo de democratización de los sistemas políticos latinoamericanos acontecido después de las transiciones políticas, para unos casos, y de continuidad para otros, los partidos políticos de la región han sufrido profundas mutaciones que tienen su base en aspectos tanto endógenos como exógenos, en cuestiones de alcance estrictamente político institucional como en otras de contenido social o económico.
Los elementos endógenos se han centrado en cuestiones tradicionales como son las relativas a liderazgos más o menos caudillescos, a enfrentamientos entre los poderes del Estado, al impacto de la corrupción. Por su parte, el factor endógeno por excelencia fue el descalabro del socialismo real y la pérdida de un referente sólido ideológico y práctico para grandes sectores de la izquierda latinoamericana. En cuanto a las cuestiones de carácter político-institucional que tuvieron que ver en las modificaciones registradas en el universo partidista se encontraban los cambios realizados en los propios textos constitucionales, las leyes de partidos y las leyes electorales. Ningún país latinoamericano dejó de hacer cambios en las mismas, con mayor o menor profundidad, durante este periodo. Finalmente, las cuestiones de otra índole no estrictamente politológica también fueron el origen de los cambios acontecidos, bien fuera como consecuencia de la crisis económica que asoló a la región durante la década de 1980 y que enterró definitivamente el modelo de sustitución de importaciones así como la centralidad del Estado vigentes casi durante medio siglo, bien fuera como resultado de la aparición de valores posmaterialistas o de los cambios registrados en las sociedades.
Desde una perspectiva descriptiva, sin utilizar índice alguno de volatilidad que refuerce el argumento desde una visión más empírica, se constata que los cambios producidos en los sistemas de partidos latinoamericanos entre 1980 y 2000, en términos de la continuidad de las mismas etiquetas partidistas, apenas si afecta a un número muy limitado de casos. Salvo Brasil, Perú y Venezuela, los restantes países siguen mostrando una estructura partidista muy similar al final del periodo indicado con respecto a su inicio. El cambio radical de presupuestos programáticos que ha afectado de sobremanera a los viejos defensores del populismo más activo no ha supuesto una transformación profunda ni en la cúpula dirigente ni en las bases. Esto se muestra evidente para los casos del PJ en Argentina y del PRI en México, especialmente bajo las administraciones de Carlos Menem y de Carlos Salinas. La relativa continuidad en la composición de los sistemas de partidos es una nota sorprendente que contradice la visión que habitualmente se ofrece, bien de la existencia de cambios dramáticos, bien del descalabro del orden anteriormente existente.
Por otra parte, la continuidad dada permite matizar la supuesta crisis de los partidos en la medida en que si "estos siguen siendo lo que eran", su propia existencia, gracias en definitiva a procesos electorales, invalida la tesis genérica del rechazo de los electores. La clase política sigue, por tanto, manteniendo las viejas etiquetas sin buscar otro tipo de reacomodo. Lo cual, como se verá más abajo, no invalida la hostil percepción que la población sigue manteniendo sobre los partidos.
En cualquier caso es un hecho que la media de los partidos latinoamericanos es estable y que los profundos cambios acaecidos en Perú y Venezuela a lo largo de la década de 1990 son la excepción y no la regla. En estos dos países puede hablarse, sin ningún género de dudas, de una refundación del sistema partidista según un esquema funcional para los intereses de los liderazgos bonapartistas de sus respectivos presidentes. Por otra parte, las expectativas generadas en otros países con respecto al nacimiento de nuevos partidos que pudieran trastocar de raíz los diferentes sistemas políticos se han ido viendo poco a poco defraudadas. Primero fue con el M-19 colombiano que no supo mantener el tirón que le llevó a posicionarse como una tercera fuerza en la constituyente de 1991, luego con el PRD mexicano que dejó de ser alternativa en las elecciones de 2000 y con el propio Frepaso argentino muy diluido en el seno de la Alianza frente a la histórica UCR.

Tres características sistémicas

 

El largo listado de variables presentes, de acuerdo con el enunciado del párrafo anterior, requeriría de un tratamiento ajeno al interés de las presentes páginas que se centra en la búsqueda de un diagnóstico más sencillo sobre la base de identificar cuáles, de entre las citadas, estuvieron en el vórtice del cambio y llegaron a generar el estado actual de las cosas. Tres aparecen como las de mayor fuerza explicativa por su capacidad de integrar a las restantes. Se trata del formato numérico de los partidos, su polarización ideológica, y del apoyo social que reciben. Todas ellas conforman una propuesta que gira en torno a no diferenciar el problema, en el ámbito del estudio de los partidos, en dos dimensiones: la referida a los sistemas de partidos y la atinente a la vida interna de los partidos mismos, algo ya tradicional en los análisis politológicos que conceden siempre más atención al primer aspecto que al segundo, eso sí, aceptando no perder de vista la retroactividad de ambas dimensiones.

A) El formato numérico

Una cuestión relevante se refiere al formato numérico de los sistemas de partidos que intenta proyectar la cuantificación de los mismos en el sistema político. Si se toma el Poder Legislativo como ámbito primordial de la competencia política una vez dirimida la contienda electoral, y se analiza el número de partidos allí existentes realizando una relativa ponderación en función de su peso diferente (esto es lo que viene a ser el concepto de número efectivo de partidos), se constata que América Latina tiende al multipartidismo. El cuadro I, que resume los valores medios del número efectivo de partidos para la década de 1990, indica que apenas un número muy reducido de países se acerca al bipartidismo puro que traduce con más simpleza la lógica gobierno-oposición (Costa Rica, Honduras y Paraguay). Por el contrario, todos los demás países están inmersos en una situación cuyo alto número de partidos conlleva habitualmente dos cosas: una rotación más variopinta a la hora de alcanzar éxitos electorales y la necesidad de conformar acuerdos amplios que lleven a gobiernos de coalición, circunstancia que sucede fundamentalmente en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay.
En algún momento se ha señalado lo negativo de un exceso de ofertas partidistas para la gobernabilidad en la medida en que se confunde al electorado que puede llegar a tener dificultades para diferenciarlas y en la propensión a hacer más complicada la existencia de mayorías sólidas, claras y estables. Sin embargo, tanto la tradición electoral de incorporar la representación proporcional en los comicios legislativos como la propia heterogeneidad de las sociedades latinoamericanas reflejan una situación distinta a ese supuesto ideal.

País	Media
Bolivia	4.4
Brasil	7.3
Colombia	2.9
Costa Rica	2.3
Chile	5.1
Ecuador	5.3
El Salvador	3.3
Guatemala	3.2
Honduras	2.1
México	2.4
Nicaragua	3.3
Panama	3.8
Paraguay	2.0
Perú	3.3
R. Dominicana	2.9
Uruguay	3.2
Venezuela	4.9
Total regional	3.6

Cuadro I. Media del número efectivo de partidos legislativos durante la década de 1990.

 

B) La polarización ideológica

Esta heterogeneidad de las sociedades latinoamericanas recién citada se expresa en una relativa alta polarización ideológica entre los partidos políticos presentes en los Poderes Legislativos más alejados en la escala izquierda-derecha. De acuerdo con el contenido del Cuadro II, la media latinoamericana de la polarización ideológica, según la escala de autopercepción, se sitúa en 2.5 puntos y la llevada a cabo de conformidad con la escala de percepción "de los otros" se establece en 4.8 puntos. Ambas dejan espacio para la inclusión de fórmulas partidistas intermedias, siendo este propio grado de polarización un aliciente para la inclusión de las mismas.

País	Polarización*
Argentina FREPASO-PJ	1.6 (3.2)
Bolivia CONDEPA-AND	3.6 (4.0)
Colombia PL-PCI	1.8 (2.0)
Costa Rica PLN PUSC	-- (3.2)
Chile PS-UDI	3.8 (6.3)
Ecuador PACHAKUTIK-PSC	3.4 (3.9)
El Salvador FMLN-ARENA	-- (8.2)
Guatemala MLN-FDGN	-- (6.5)
Honduras PL-PN	-- (2.6)
México PRD-PAN	3.1 (6.2)
Nicaragua FSLN-AL	-- (6.8)
Paraguay PEN-ANR	1.9 (1.8)
Perú CAMBIO 90-APRA	2.1 (4.2)
R. Dominicana PLD-PRSC	2.0 (2.7)
Uruguay FA-PN	2.7 (4.8)
Venezuela	2.0 (3.1)
Media Regional	2.5 (4.8)

Cuadro II. Distancias en la polarización ideológica entre los partidos parlamentarios más extremos.
*La polarización se mide en una escala en al que 1 es izquierda y 10 derecha.
Sin paréntesis son las distancias entre autopercepciones, en paréntesis son distancias de percepciones de los otros.
Fuente: Investigación de Elites Políticas Latinoamericanas. Universidad de Salamanca.

Como se indicaba en el apartado anterior, una excesiva polarización ideológica suele ser interpretada como una situación que acerca a una ruptura del sistema político. Sin embargo, también puede tener la lectura de que traduce una situación positiva en la que finalmente el sistema político ha sido capaz de llevar a cabo una función integradora. El Salvador, Nicaragua, Chile y México son los casos con un mayor grado de polarización. Los primeros reflejan la integración de la guerrilla en el sistema político bajo la forma de un partido. En Chile se proyecta la profunda división que durante el largo periodo autoritario sufrió su sociedad, mientras que en México se reflejan las tensiones previas al histórico cambio de julio de 2000.

C) El apoyo social

Vistos los dos apartados anteriores parecería que los partidos latinoamericanos gozan de buena salud. Sin embargo, los distintos analistas señalan como uno de sus principales problemas el rechazo que suscitan entre la población y la bajísima valoración que reciben (de acuerdo con los sondeos de opinión cuando se pregunta a la gente sobre diferentes instituciones y los partidos son valorados indefectiblemente en el último lugar). Esta circunstancia se ve reflejada también en el cuadro III, en el que se muestra como 21 por ciento de los latinoamericanos tiene mucha o algo de confianza en los partidos. Sin embargo, incluso esta valoración convencional sobre los partidos debe ser matizada. En primer lugar por otro tipo de respuestas masivas positivas a preguntas del tipo de "si puede funcionar el país sin políticos" (véase el cuadro IV y el gráfico I) o a los propios valores de las cifras de participación electoral que tras décadas de sequía, manipulación electoral e incluso ausencia total de práctica electoral, y pese a seguir existiendo todavía numerosos problemas técnicos en la administración electoral (censo, etc.), se sitúan claramente por encima de 50 por ciento de la población con edad de votar.
Cifras que vienen a equipararse con las del Cuadro V, según el cual 55 por ciento de los latinoamericanos piensa que el voto es un instrumento para cambiar las cosas de cara al futuro, porcentaje que vendría a coincidir con el de la media de la participación electoral. En cualquier caso conviene analizar los datos por países para constatar las grandes diferencias existentes. Tres de los cinco países cuyos encuestados muestran que no tienen ninguna confianza en los partidos en mayor grado, Venezuela, Ecuador y Perú son los que en 2000 afrontaban la mayor crisis política de toda la región. Como ya se dijo, Venezuela y Perú refundaban sus canales de representación popular y Ecuador era víctima de una insólita espiral de inestabilidad política con cinco Presidentes en tres años.

País	Mucha	Algo	Poca	Ninguna	(N)
Media Iberoamericana	4	17	34	41	17901
Argentina	3	14	30	51	1264
Bolivia	2	18	30	42	794
Brasil	4	16	40	39	1000
Colombia	3	14	36	45	1200
Chile	3	21	35	38	1200
Ecuador	5	10	30	54	1200
México	6	28	42	22	1200
Paraguay	6	20	34	38	600
Uruguay	6	28	35	28	1199
Venezuela	5	10	27	57	1200
Costa Rica	9	20	25	38	1000
El Salvador	5	18	40	33	1000
Guatemala	4	16	45	34	1000
Honduras	4	18	34	32	1000
Nicaragua	4	12	29	49	1000
Panamá	4	15	31	50	1000

Cuadro III Confianza en los partidos políticos.
Pregunta: ¿Diría Ud. que tiene mucha, algo, poca o ninguna confianza en los partidos políticos?
*Se han eliminado los no sabe/ no contesta.
Fuente: Latinobarómetro 1998.

La vida interior

 

Los apartados recién enunciados muestran, por consiguiente y a nivel sistémico, un estado de la situación mejor del que habitualmente se estima en el universo partidista latinoamericano. Por término medio los sistemas de partidos latinoamericanos son estables, multipartidistas, polarizados ideológicamente y reciben un apoyo social intermedio. Situación alejada, por tanto, de ciertos análisis catastrofistas imperantes. Sin embargo, como ya se indicó anteriormente, son insuficientes para contribuir a hacer un diagnóstico más fino, del estado real de los partidos en la medida en que obvian dos cuestiones que son realmente trascendentales. La primera se refiere a las relaciones que el propio juego intrapartidista establece entre instancias institucionales diferentes. Me refiero a las que acontecen entre el liderazgo del partido y los liderazgos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo o de la bancada legislativa en el seno del mismo partido. Este es un escenario importante sobre todo en formas de gobierno de tipo presidencial como son las latinoamericanas. La segunda concierne a los procesos de toma de decisión, también internos, por los que se establecen las diversas candidaturas a los diferentes ámbitos. Sendos aspectos son, con frecuencia, señalados como responsables de la imagen negativa de los partidos ante la sociedad por cuanto reflejan, por una parte, la desunión que lleva a enfrentamientos a veces fratricidas entre las facciones y, por otra, una estrecha política de camarilla que hace y deshace, sin tener en cuenta los deseos generales de los militantes o incluso de los simpatizantes.

País	Si	No	(N)
Media Iberoamericana	27	68	17767
Argentina	21	72	1196
Bolivia	22	69	796
Brasil	25	68	1001
Colombia	37	60	1200
Chile	25	71	1200
Ecuador	40	57	1200
México	28	65	1105
Paraguay	34	56	575
Perú	25	69	1054
Uruguay	15	78	1189
Venezuela	34	59	1200
Costa Rica	22	73	1007
El Salvador	29	64	1010
Guatemala	30	64	1000
Honduras	35	59	1011
Nicaragua	20	78	1002
Panamá	25	72	1021

Cuadro IV. ¿Cree que es posible que el país funciones sin políticos?*
Pregunta: Por lo que Ud sabe o a oído, ¿cree que es posible que el país funcione sin políticos?
*Se han eliminado los no sabe/ no contesta.
Fuente: Latinobarómetro 1997.

Como ya se ha indicado anteriormente en la década de los noventa se registraron profundas modificaciones legales en la estructura institucional de la mayoría de los países latinoamericanos en el ámbito constitucional, pero también en el marco dibujado por las leyes de partidos y las leyes electorales. En el seno de la representación y de la participación política estas modificaciones se han centrado en aspectos muy diversos. Con respecto al Poder Ejecutivo ha proseguido la tendencia a introducir la fórmula de elección a doble vuelta, como fue en los casos de las reformas constitucionales de Colombia, Argentina y Uruguay, y a establecer la posibilidad de la reelección como aconteció en Argentina, Brasil y Venezuela (con la excepción fallida de Panamá). Con respecto al Poder Legislativo, las reformas constitucionales introducidas eliminaron el bicameralismo histórico de Perú y Venezuela, países en los que también se disminuyó el tamaño de las Cámaras, y en lo atinente a los sistemas electorales se continuó con la tradición proporcional, abriendo la posibilidad del voto preferencial en Ecuador y Perú, e incorporando una modalidad mixta en Bolivia. Finalmente, los procesos de descentralización política terminaron por impulsar los comicios para la elección de las autoridades regionales y municipales en países de clara tradición centralista como serían los casos de Bolivia y Colombia.

País	La manera como uno vota puede hacer que las cosas sean diferentes en el futuro.	No importa como uno vote, no hará que las cosas sean mejor en el futuro.	(N)
Media Iberoamericana	55	40	17902
Argentina	63	32	1264
Bolivia	46	45	764
Brasil	60	37	1000
Colombia	49	47	1200
Chile	54	43	1200
México	49	49	1200
Paraguay	58	37	600
Perú	58	37	600
Uruguay	70	28	1199
Venezuela	68	27	1200
Costa Rica	51	45	1000
El Salvador	60	36	1000
Guatemala	50	47	1000
Honduras	50	41	1000
Nicaragua	58	38	1000
Panamá	55	40	1000

Cuadro V: Importancia de votar* (en porcentajes)
Pregunta: Algunas personas dicen que la manera como uno vota puede hacer que las cosas sean diferentes en el futuro. Otros dicen que independientemente de cómo vote, no hará que las cosas sean mejor en el futuro. ¿Cuál frase está más cerca de su manera de pensar?
*No han sido tenidos en cuenta los no sabe/ no contesta. Esta pregunta fue eliminada en el caso de Ecuador debido a un error en su aplicación
Fuente: Latinobarómetro 1998.

Las reformas llevadas a cabo soslayaron, sin embargo, la incursión en la estructura interna de los partidos fuera de su reconocimiento constitucional, de la imperiosa necesidad de que adoptaran para su organización criterios democráticos y del espinoso tema del financiamiento. Como indica el cuadro V, los propios profesionales de la política, como son los diputados, enfatizaban el hecho de que los partidos en que militaban tenían niveles más que aceptables de democracia interna, circunstancia que no dejaba de ser un indicador de la autosatisfacción acrítica de la clase política. Nada parecía entonces que debiera moverse.

País	Muy Alto	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	N
Media Iberoamericana	8	28	46	14	4	924
Argentina	11	29	42	14	4	66
Bolivia	2	47	34	15	2	59
Colombia	2	18	50	16	14	62
Chile	2	15	59	24	0	92
Ecuador	28	32	27	10	3	71
México	9	38	40	12	8	125
Paraguay	8	30	51	11	0	47
Perú	2	32	43	17	6	83
Uruguay	7	22	49	16	6	73
Venezuela	16	26	45	9	4	69
Costa Rica	10	33	39	12	6	49
El Salvador	3	37	42	7	5	57
Guatemala	5	35	38	14	8	63
Honduras	1	24	49	22	3	71
Nicaragua	10	32	48	4	6	69
Rep. Dominicana	19	44	32	2	3	62

Cuadro VI. La democracia interna en los partidos latinoamericanos según los propios diputados
Pregunta: Las bases de los partidos se quejan frecuentemente de la falta de participación en la toma de decisiones del mismo. ¿Cómo evaluaría Ud. el grado de democracia interna en su propio partido?
Fuente: Investigacion Elites Politicas Latinoamericanas. Universidad de Salamanca.

En la forma de gobierno presidencialista, por la que el ganador "se lleva todo" por un periodo de tiempo fijo y durante el que los apoyos en el Congreso son relativamente necesarios para el proceso legislativo, habida cuenta del ascenso de fórmulas de legislación delegada, sin que condicionen el mantenimiento en el poder del presidente, el proceso de selección del candidato a presidente es vital para la subsiguiente correlación de fuerzas entre éste y los que le rodean. A menudo un presidente tiene que lidiar con miembros de su propio partido o coalición que le apoyaron tanto en la arena partidista como en la parlamentaria que terminan siéndole hostiles. También se ha evaluado, fundamentalmente en medios académicos, consultores y de comunicación social, la circunstancia de que la endogamia de las cúpulas partidistas debía someterse cada cierto tiempo a un proceso de legitimación popular, y que el momento de la selección de candidatos a puestos de representación popular era el más indicado; al menos en la selección más relevante, es decir, la de los candidatos a la presidencia de la República.
Un escenario se revela como el más favorable para llevar a cabo ese proceso. Se trata de aquellos casos en los que la naturaleza compleja de la candidatura presidencial lo hace funcional. En las situaciones en que se trata no tanto de un partido, como de una coalición de partidos en una única plataforma electoral, la consulta popular se vuelve una solución adecuada para dirimir el posible contencioso entre las élites dirigentes y una forma de recabar el apoyo popular "calentando" el ambiente frente al proceso electoral presidencial definitivo. Este fue el procedimiento practicado en Chile en 1993 para dilucidar el liderazgo ante las urnas de la Concertación, proceso que se repitió en 1999. La propia naturaleza de la política chilena y su quiebre en torno al "clivaje Pinochet" mantuvo forzosamente unido al polo demócrata e impulsaba, por tanto, a una solución de este tipo. Igual situación se produjo en Argentina en 1999 como consecuencia de la articulación de la Alianza entre radicales y frepasistas.
En oposición a este modelo de búsqueda de liderazgos en coaliciones electorales, surgió, también en 1999, un caso bien diferente en México gracias al proceso abierto en el seno del PRI para elucidar su candidato presidencial. Aquí de lo que se trataba era de un fenómeno doble. Por una parte había que eliminar el ominoso proceso histórico del "dedazo" o de la práctica del "tapado" que ensombrecía cualquier atisbo de cambio democrático, por otra, existía la necesidad de redoblar la legitimidad de un partido seriamente dañado en sus credenciales democráticas y culpabilizado de la deteriorada situación política del país. La llamada a elecciones lo más abiertas posibles para dirimir la candidatura presidencial era la una forma de lavar el pasado y de proyectar al partido hacia el futuro.
En los tres casos nacionales citados, a los que habría que sumar el de las primarias del FSLN en Nicaragua de 1996 y del Partido Colorado en Paraguay en 1997, la apertura en la selección del candidato presidencial se llevó a cabo siguiendo razones de índole interna y coyuntural, específicas a los partidos que convocaron las elecciones internas, sin que afectaran al resto de las fuerzas contendientes. Su desarrollo, por tanto, tuvo cierto componente "privado" permaneciendo ajenas a las instancias electorales nacionales en lo atinente a su organización, recursos administrativos, control y financiación. Las críticas que algunos hicieron de los resultados de la interna colorada paraguaya y de la propia del PRI no tuvieron respuesta en ninguna instancia responsable y legitimada, con la consiguiente frustración de los perdedores.
Frente a estos casos existe el modelo, de carácter más sistémico, que incorpora al ordenamiento político una regla de carácter general, institucionalizando el proceso y poniéndolo bajo la tutela de los organismos electorales. Es el caso de Uruguay y de Paraguay, tras sus reformas electorales de 1996, y, más recientemente, de Bolivia. En Uruguay, la reforma constitucional de 1996 recogió la sustitución de la histórica elección por lemas en favor de una fórmula de primarias abiertas para todos los partidos que deberían celebrarse el ultimo domingo del mes de abril previo a las elecciones generales. Posteriormente, la Ley de Elecciones Internas de Partidos Políticos de 1998 (Ley 17.063) establecía en su artículo primero que "la Corte Electoral conocerá en todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales referentes a las elecciones internas de los partidos políticos", integrando de esta manera el procedimiento en el seno del sistema político uruguayo. El nuevo procedimiento se puso en marcha por primera vez en abril de 1999 registrándose una tasa de participación levemente por encima del 50 por ciento.
En Paraguay, la reforma de abril de 1996 (Ley 834) tuvo un alcance menor al restingirse exclusivamente a requerir que los candidatos de un partido de un candidato electivo cualquiera cumpliera con el requisito de "ser electo por el voto directo, libre e igual y secreto de los afiliados".
Finalmente, en Bolivia las primarias abiertas se introdujeron con motivo de los cambios en la legislación de partidos y electoral de julio de 1999. La Ley de Partidos establece en el Artículo 13º para que un partido sea reconocido tiene que incorporar como contenido básico "el establecimiento de procedimientos democráticos para su organización y funcionamiento". Además, el artículo 15º respecto al Contenido del Estatuto Orgánico obliga a que todo partido político al constituirse adopte en el Estatuto Orgánico "normas y procedimientos que garanticen el pleno ejercicio de la democracia interna, mediante elecciones libres y voto directo y secreto". Por su parte, el Artículo 20º establece que la Corte Nacional Electoral y las cortes Departamentales Electorales tendrán a su cargo la conducción de los procesos electorales internos de los partidos políticos. Para la organización y conducción de estos procesos, la Corte Nacional y las Cortes Departamentales Electorales se sujetarán a las disposiciones contenidas en el Estatuto Orgánico de cada partido. El Artículo 22º refuerza la institucionalización del proceso ya que las normas de elección interna y de nominación de candidatos, en ningún caso podrán ser dispensados en su cumplimiento; es nula toda disposición o pacto que establezca procedimientos extraordinarios, o confiera poderes de excepción a una o varias personas o determinados órganos del partido. El MNR fue el primer partido que se ajustó a este mandato legal llegando a celebrar inmediatamente elecciones en las que se presentaron dos opciones concurriendo cada una de ellas con sus propios candidatos a todos los puestos, desde el dirigente cantonal o de barrio, pasando por el alcalde hasta el candidato presidencial, de manera que así se eligieron más de 17,000 cargos. Para estas elecciones, el partido creó su propio Reglamento Electoral que fue aceptado por la Corte Nacional Electoral.
El inicio de cambios en la forma de elegir a los candidatos presidenciales es pues un hecho que se va asentando lentamente en el panorama político latinoamericano. De momento, el número de casos y la casuística de ellos no permite sacar conclusiones sobre sus posibles efectos, tanto sobre la credibilidad de los partidos como sobre la mejora de los niveles de representación y participación, ni incluso sobre la democratización de los partidos. Los análisis solamente se pueden realizar en el plano de la mera especulación, faltos de sostén empírico.
En Uruguay, que es el caso más sistematizado y general que se tiene como botón de muestra, no se puede inferir un efecto significativo en los elementos recién enunciados por cuanto que es el país en el que los partidos reciben mayor apoyo y legitimación de la ciudadanía, de acuerdo con los sondeos de opinión existentes. Por otra parte, pareciera insertarse la reforma más en la lucha política interna que en la benéfica búsqueda de la gobernabilidad del sistema. Tampoco se pueden extrapolar los datos de la elección interna a la elección general porque aquélla registra un índice de participación mucho menor. Si se hiciera el ejercicio de analizar los resultados con el crisol de la anterior Ley de Lemas, Jorge Batlle habría sido elegido presidente ya en abril en la medida en que su sublema fue el más votado dentro del lema más votado, a pesar de que Tabaré Vázquez fue el más votado de todos los candidatos. Lo que se hacía de esta manera era eliminar la perversión de la legislación electoral anterior ocultándola bajo la forma del nuevo triple proceso electoral (las elecciones primarias más las dos vueltas de la elección presidencial).

Límites y retos de las reformas

 

Las elecciones primarias para la elección de candidatos presidenciales en formas de gobierno presidenciales tienen un efecto publicitario notable para los candidatos que aventajan en la liza; dan a éstos un empuje legitimador indudable y contribuyen a ventilar con una corriente de aire fresco el armario de la política, aunque no resuelven por sí solas el principal problema con el que se enfrentan los sistemas políticos latinoamericanos; incluso lo agravan. Se trata de un problema de doble cara que gira en torno a la necesidad de institucionalizar, es decir: rutinizar, pautas de comportamiento racionales y asumidas mayoritariamente por los actores, precisamente en el ámbito donde es más difícil por tratarse de la intersección entre lo formal (las reglas) y las personas. Este es el espacio donde se mueve la clase política, y el caparazón que lo protege, que son los partidos. La atención debe prestarse a la relación triangular que se suscita entre el partido, el grupo parlamentario y el presidente, tanto evaluándose los mecanismos institucionales que regulan el juego como las pasiones políticas de sus actores.
Las elecciones primarias pueden llegar a solucionar el problema del liderazgo en la presidencia, pero pueden dejar huérfano al partido o incluso enquistado por un grupo opositor dispuesto a crear todas las dificultades inimaginables al presidente. La reciente historia latinoamericana está llena de estos casos más allá de recordar la tortuosa relación de Salvador Allende con su propio Partido Socialista. Por poner tres ejemplos bastaría recordar la relación de Carlos Andrés Pérez y Acción Democrática a principio de la década de 1990, la de Violeta Barrios de Chamorro con la UNO y la de Jamil Mahuad con la Democracia Popular a lo largo de sus seis meses de gobierno, sin dejar de lado el caso del Partido Colorado paraguayo. De cara al futuro, algo similar puede acontecer en la relación entre Vicente Fox y el Partido Acción Nacional.
La cuestión, por tanto, debe centrarse en una actuación más integrada en torno al partido político como objeto de la misma, de manera que sea el partido la unidad que asuma la búsqueda de la credibilidad de la propia política, no exclusivamente el candidato presidencial por muy atractivo y funcional que resulte para los mensajes mediáticos. La tarea se alza inconmensurable. Sin embargo no parece haber otra salida en la medida en que la política, en un universo cada vez más complejo, interdependiente y sofisticado, no puede estar esperando la llegada de salvadores caudillescos.

País	Muy interesado	Algo interesado	Poco interesado	Nada interesado	(N)
Media Iberoa.	9	21	33	34	17902
Argentina	9	20	26	43	1264
Bolivia	5	25	37	30	794
Brasil	10	20	40	30	1000
Colombia	9	24	35	31	1200
Chile	6	21	27	45	1200
Ecuador	10	17	35	37	1200
México	5	27	46	21	1200
Paraguay	10	21	32	36	600
Perú	10	27	32	29	1045
Uruguay	12	27	30	30	1199
Venezuela	14	18	32	34	1200
Costa Rica	11	14	26	31	1000
El Salvador	10	19	37	31	1000
Guatemala	10	19	37	31	1000
Honduras	4	16	27	48	1000
Nicaragua	6	17	32	42	1000
Panamá	12	26	30	30	1000

Cuadro VI: Grado de interés por la política * (en porcentajes).
Pregunta: ¿Cuán interesado está Ud. en política? *Se han eliminado los no sabe/ no contesta.
Fuente: Latinobarometro 1998.

Si abordamos exclusivamente el ámbito de los partidos, y dejando fuera otra serie de elementos de indudable impacto sobre la política, como son variables económicas y psicosociales y que tanto o más impacto tienen en la credibilidad de la misma, el proceso de mejora de sus funciones puede pasar por una mayor apertura a la sociedad, que supone tanto la articulación de los reclamos de la misma como la incorporación de los actores más dinámicos y profesionales. La inclusión de fórmulas democráticas lo más amplias posibles para la formación de los órganos de gobierno del partido, y a mayor extensión sus diversas candidaturas, no es el único mecanismo por el que se puede vertebrar la apertura a la sociedad, pero es el más plástico y eficiente en términos de una legitimidad racional. Sin embargo, el proceso debe ser singular, de manera que sea en un solo momento y bajo la misma racionalidad que periódicamente se lleve a cabo para la elección de las distintas instancias en una forma ordenada e integrada. Por "ordenada" se entiende mediante la existencia de un orden que establezca de menor a mayor complejidad las distintas candidaturas factibles de ser elegidas. Por "integrada" se entiende que los distintos órganos del partido tienen un carácter subordinado de mayor a menor complejidad, como en un esquema de "muñecas rusas", de manera que el liderazgo sea único y que el candidato presidencial sea a su vez el cargo más elevado dentro del partido.
Finalmente, el espinoso tema de la amplitud del margen de participación en las elecciones primarias debe superar el estrecho ordenamiento jurídico que lo vincula a la naturaleza pública o privada de éstos. Por encima de todo, los partidos son objetos políticos, y como tales deben ser sujetos de atención y preocupación por parte de la ciudadanía sin restricción alguna, salvo la que derivara de compromisos explícitos adquiridos con otro partido que hicieran incompatible la injerencia en los asuntos de los restantes. El carácter más trascendente e influyente de los partidos políticos los aleja de los sindicatos, que distinguen entre una participación abierta a los trabajadores en los procesos sindicales y una participación restringida a sus afiliados en los procesos de elección de sus organismos directivos. Sin embargo, la cuestión radica en cómo modificar el marcado desinterés y la profunda desconfianza hacia la política. De acuerdo con los sondeos de opinión, las cotas de desinterés son generales para todos los países latinoamericanos (ver cuadro VI), aunque las diferencias nacionales resultan acusadas. Paralelamente, y dentro de una gama de respuestas múltiples, los valores más altos con respecto al sentimiento que produce la política corresponden a calificaciones que abogan por la clara desmovilización (ver cuadro VII). Esta situación de abulia política sólo puede removerse en la medida en que la misma población, como ya se indicó anteriormente, vea como necesaria la figura del político para que el país funcione. Acaso la solución al dilema pueda encontrarse en la integración de la profesionalización de éste y en la potenciación de las instituciones de control horizontal de su actividad.

País	Aburrimiento	Entusiasmo	Irritación	Interés	Indiferencia	Compromiso	Desconfianza	(N)
Media Ib.	27	10	18	21	23	15	41	15001
Argentina	17	4	26	14	19	11	47	1213
Bolivia	30	10	13	17	29	16	41	697
Brasil	39	10	40	25	21	18	60	976
Colombia	23	9	10	17	18	12	41	1136
Chile	31	6	22	19	31	14	41	1168
México	37	10	31	21	25	14	37	1092
Paraguay	32	13	14	22	24	18	41	551
Perú	18	8	14	26	17	14	41	975
Uruguay	16	12	17	30	25	20	41	1114
Venezuela	25	18	17	25	26	14	43	1144
Costa Rica	38	12	19	16	23	14	41	865
El Salvador	33	8	11	15	27	26	37	832
Guatemala	38	9	12	20	18	12	28	849
Honduras	33	12	5	18	20	13	27	739
Nicaragua	15	9	6	21	14	13	39	706
Panamá	20	16	15	22	22	19	38	944

Cuadro VII: Sentimiento que le produce la política* (en porcentajes)
Pregunta: ¿Qué tipo de sentimiento le produce a Ud. la política?
*Esta pregunta fue eliminada en el caso de Ecuador debido a un error en su aplicación.
Latinobarómetro 1998

Manuel Alcántara Sáez, "Los partidos políticos en América Latina: la fachada y las ruinas", Fractal n° 22, julio-septiembre, 2001, año 6, volumen VI, pp. 107-132.